El expresidente de BBVA, Francisco González (FG), ha mantenido su posición tras declarar ante el juez durante más de dos horas, negando cualquier tipo de irregularidad en las contrataciones del excomisario Villarejo, que derivaron en escuchas ilegales a políticos y empresarios."Puedo decir que los directivos de BBVA siempre trabajaron de manera íntegra y ejemplar, lo quiero dejar claro", indicó ayer el expresidente de la entidad a su salida de la Audiencia Nacional. Eso sí, matizó que directivos a "título individual" podrían haber cometido algún tipo de delito, que él desconoce en estos momentos.González llegó a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional, sobre las 9:38 horas, para declarar después de que el pasado jueves el juez le imputase por cohecho y descubrimiento y revelación de secretos en el marco del 'caso Villarejo'. A su llegada indicó que "no es el momento de hablar".Esta postura de silencio cambió radicalmente tras casi cuatro horas en el interior del tribunal. Fue una breve intervención, en la que no dio detalles sobre las explicaciones que había dado al magistrado y a la Fiscalía, ya que la pieza está bajo secreto de sumario. En su corto mensaje, hizo hincapié en que un vez culmine todo el proceso quedará claro que el banco y sus máximos responsables actuaron bajo los parámetros legales. Fuentes jurídicas indican que ésta es la defensa que trasladó en su comparecencia judicial, en la que, según él, respondió "con toda transparencia y claridad" a todas las preguntas.La breve declaración del expresidente de la segunda entidad del país, es un paso que va en línea con su disposición a colaborar con la Justicia que ha mostrado en dos comunicados distintos desde el pasado verano. Tanto en julio como la semana pasada, cuando se conoció que su imputación estaba más cerca después de que la solicitara la Fiscalía Anticorrupción, González señaló en sendos comunicados su disposición a hablar ante la Justicia. Cabe recordar que la pieza número 9 del caso Tándem aún está bajo secreto de sumario y, por lo tanto, el exdirectivo, desconoce de qué se le acusa y cuáles son las pruebas concretas que hay contra su persona. Por tanto, cualquier declaración podría volverse en su contra. "Beneficio personal"El magistrado que instruye la causa, Manuel García Castellón, ya aseguró el pasado mes de julio, en el auto de imputación al banco, que sospechaba que la cúpula de BBVA "consintió" la contratación de Villarejo para realizar presuntos labores de espionaje porque le beneficiaba personal y empresarialmente. La imputación de FG ha llegado cuatro meses más tarde que las primeras en el caso. El magistrado im-putó en julio a ocho directivos y exdirectivos de la entidad por el 'caso Villarejo', también por cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Así, fueron investigados y citados a declarar, entre otros, el exconsejero delegado, Ángel Cano; el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, o el exjefe del área de Inmobiliario, Antonio Béjar. Precisamente, Béjar es el único de los imputados que hasta ayer había mostrado su disposición a colaborar con la Justicia. De hecho, fuentes jurídicas apuntan a que la investigación a González podría haber llegado tras las distintas comparecencias que ha realizado Béjar ante el juez. El exjefe de inmobiliario del banco fue destituido de la presidencia de Distrito Castellana Norte (DCN) este verano tras conocerse su disposición a hablar, y poco después, y ante la posibilidad de que se reincorporara a BBVA, el banco le cesó. Más comparecenciasA lo largo de esta semana, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tomará declaración a varias personas además de a González. En calidad de testigo acudió ayer el que fuera director de Co-municación del grupo financiero, Javier Ayuso.En el día de hoy acudirán otros dos imputados en la trama de espionaje ante el juez; Juan Asúa, asesor principal del actual presidente de BBVA, Carlos Torres, y Eduardo Arbizu, exjefe de los servicios jurídicos del banco y destituido este verano. Mañana declarará el BBVA, imputado como persona jurídica, a través del representante legal del banco Adolfo Fraguas.El juez intenta desenmarañar la trama de espionaje elaborada por Villarejo para la entidad desde 2004 y hasta 2017 para conseguir información sobre distintos enemigos de González, entre ellos Sacyr y los constructores Fernando Martín y Luis del Portillo.BBVA, según la documentación requisada al excomisario, que se encuentra en prisión, encargó escuchas ilegales y seguimientos a importantes políticos y empresarios, entre ellos a la que fue vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.El banco, que es lo único que ha confirmado hasta la fecha, habría abonado distintas facturas. Los papeles de Villarejo revelan que, al menos, fueron 10 millones de euros el dinero que destinó la entidad para que hiciera lo que González consideró que eran "trabajo de inteligencia" para defenderse.En la primavera de 2018, BBVA puso en marcha una investigación interna sobre estos pagos. Solo meses después y de manera anticipada FG anunció su dimisión de la presidencia tras dos decenios. El 31 de diciembre fue su último día como primer ejecutivo. El 9 de enero se destapó la trama de espionaje y a mediados de marzo el directivo dejó su puesto honorífico del grupo financiero de forma temporal y perdió sus derechos a despacho y chófer.