El Ayuntamiento de Barcelona ha optado una vez más por el veto total a un sector mientras decide su futuro normativo, y en este caso el objetivo han sido las viviendas turísticas. El consistorio de Ada Colau ha suspendido "de manera preventiva" la admisión de comunicados de apertura y de ampliación de pisos turísticos para reforzar la normativa actual y garantizar que no podrán aumentar en la ciudad, más allá de los 9.591 que funcionan actualmente con licencia, informó en un comunicado.Con esta suspensión, que tiene una duración de un año, el Ayuntamiento pretende protegerse ante las sentencias desfavorables que está cosechando el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que también limita el crecimiento hotelero y que ya establece en su articulado que los apartamentos turísticos no pueden crecer. Asimismo, pretende evitar la posible incidencia en la regulación de pisos turísticos que pueda tener el nuevo Decreto de Reglamento de Turismo que la Generalitat aprobará próximamente, y que creará el alquiler de habitaciones como nueva tipología de alojamiento turístico.La teniente de alcalde Janet Sanz lamentó este viernes, en rueda de prensa, que el Gobierno catalán "quiere legalizar una actividad que ahora mismo es alegal y que saben que lo están haciendo sin incorporar las demandas y exigencias" que se les trasladan desde el mundo municipal, por lo que reclamó que se consensúe el decreto antes de aprobarlo para recoger las consideraciones de Barcelona, según informó Ep."La creación de la nueva tipología de alquiler de habitaciones exige realizar una reflexión para evaluar la incidencia que pueda tener en la regulación de los pisos turísticos y evitar efectos negativos", argumentó el consistorio en un comunicado, en el que añadió que durante el año de suspensión de licencias realizarán "los trabajos necesarios" para plantear una modificación puntual de la regulación de las viviendas de uso turístico en la capital catalana.La reacción de rechazo del sector no se hizo esperar y llegó este mismo viernes, a través de un comunicado de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur). La patronal lamentó que "esta sea la reacción del consistorio a las sentencias judiciales que dan la razón al sector"."En lugar de cerrar los ojos a la realidad con moratorias mal planteadas, creemos que el ayuntamiento haría bien de trabajar conjuntamente con el sector una regulación que permita a la ciudad alcanzar unos objetivos compartidos por todos: ordenación, control, calidad, convivencia, sostenibilidad e im-puestos", esgrimió el presidente de Apartur, Enrique Alcántara.La entidad reprocha que acumulan seis años en busca de una "buena regulación para todos" y pide colaboración público-privada.