El preacuerdo de Gobierno, firmado este martes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha caído como una bomba de relojería en el mundo económico, más que por los 10 puntos que recoge el documento en sí –y que no dice gran cosa–, por la letra pequeña y por los programas económicos que hay detrás de Unidas Podemos, en mayor medida, y del PSOE, en menor. En principio, más de 10 sectores serían los más perjudicados –algunos ya lo están siendo– destacando la vivienda, la banca, las inversiones, las empresas eléctricas, la construcción, la automoción o las tecnológicas, entre otros.Reflejo en la caída de empleoEste martes, el anuncio del acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas llevó consigo una estrepitosa jornada bursátil, que azotó a entidades bancarias e importantes constructoras, pasando por todo tipo de empresas. Al concluir el día, el Ibex 35 se quedaba en los 9.306,70 puntos, y este viernes cerraba en 9.257,70.De aplicarse de manera ortodoxa una fusión de las directrices de uno y otro partido, diez sectores de la economía se verían preocupantemente afectados, a tenor de sus cábalas. En su opinión, como ha consultado elEconomista, la traducción manifiesta sería una fuerte caída del crecimiento económico, y en consecuencia de la creación de empleo y del aumento de la deuda pública, teniendo en cuenta que parte de nuestra deuda "está en manos de inversores extranjeros", lo que en "un una situación de inestabilidad dispara la prima de riesgo", apunta un reputado profesor universitario. "Pero es que, además, los sectores –apunta un destacado dirigente de la patronal CEOE– están conectados entre sí, y a la postre, tendrá efectos colaterales que llegan al último actor de la cadena", dicho de otro modo, al trabajador. Otra fuente económica advierte de que "ni siquiera los Presupuestos que acordaron PSOE y Unidas Podemos –y que finalmente no vieron la luz– tendrían hoy validez en un contexto económico distinto, con una fuerte desaceleración".Subir impuestos a las empresas, aumentar el gasto público en tiempo de desaceleración económica y con los datos de creación de empleo cayendo mes tras mes de manera consecutiva, derogar la reforma laboral, gravar a la banca, a las tecnológicas, intervenir el mercado eléctrico, fijar el precio del alquiler de los pisos, crear nuevos tributos y castigar al diesel –en un país donde el mercado de la automoción es estratégico, y del que dependen muchas otras empresas subsidiarias– son, entre otras, las principales medidas que cuestionan agentes económicos como la banca, la vivienda, la construcción, las sociedades en general, las tecnológicas, el transporte, la automoción, el sector eléctrico, las inversiones, los autónomos, y hasta los potenciales nuevos trabajadores, si todo ello desencadena en más paro.En el caso de la vivienda, preocupa que el control del precio del alquiler y la obligación de construir un determinado número de casas de promoción social acabe erosionando la oferta de alquileres, que en España, en gran medida, está en manos de propietarios privados. Los expertos echan mano del ejemplo de Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau, con su iniciativa de exigir un 30 por ciento de vivienda de promoción social, ha frenado la construcción en la Ciudad Condal.Los somicis y los grandes fondos de inversión inmobiliaria también temen un parón. Se sienten demonizados por la izquierda. Este miedo se apreció el martes con la caída en las acciones de las grandes inmobiliarias. Tocado el mercado por el control de precios y la obligatoriedad de una cuota, su efecto inmediato –manejan los expertos del sector– será la compra de vivienda. Pero, en situaciones de incertidumbre, los requerimientos para lograr una hipoteca serán aún más rigurosos. La creación de un Ministerio de la Vivienda en manos de Unidas Podemos también causa pavor.desincentivar las inversionesSin duda, la banca es uno de los sectores que mayor inquietud muestra por las políticas de Unidas Podemos (pone en peligro un tercio de los beneficios de la banca). El partido de Iglesias quiere recuperar los 60.000 millones de euros que costó el rescate bancario, y piensa nacionalizar Bankia –donde el Estado tiene una participación del 61 por ciento–. Asimismo, pretende crear otro impuesto sobre las transacciones financieras para la compra de acciones, y elevar el tributo de Sociedades. Se habla de hasta 10 puntos más, lo que en opinión de los expertos trae unnuevo ajuste de personal, repercutiendo al cliente-medio de la entidad.En cuanto a la inversión, si se legisla un tipo mínimo del 15 por ciento, retrotraerá al sector, deslocalizará esas inversiones afectando a la propia actividad, al empleo directo e indirecto, reduciendo el poder adquisitivo y provocando menor consumo. Bajará la producción y, con más paro, aumentarán las prestaciones de desempleo. Así pues, mayor gasto público, y en cadena, mayor déficit y mayor deuda. En definitiva, "poniendo en riesgo la sostenibilidad de la capacidad de pago", dice un agente económico.La automoción, las papeleras, o las empresas energéticas ya se están viendo damnificadas por las políticas de Pedro Sánchez. Pero la entrada en el Gobierno de Iglesias inquieta más. Además de la tasa al diésel, la imposición gradual del coche eléctrico –de aquí a 2040–, o el deseo de controlar la energía eléctrica desconciertan a las grandes empresas, y preocupan a partidos como el PNV, que nunca daría su bendición a una vicepresidencia de Transición Energética en manos de un dirigente de Unidas Podemos.