"No estamos en un país totalitario donde el Estado educa a los niños y niñas", se defendió este viernes la ministra de Educación en funciones, después de que su interpretación de la libertad de enseñanza recogida en la Consitución provocara un incendio en la escuela concertada española. Lo que iba a ser un discurso amable en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas acabó siendo percibido por la red educativa concertada como un ataque a su esencia: la libertad de los padres de elegir en qué centro estudiarán sus hijos. La ministra puntualizó que "el derecho de los padres a elegir un centro educativo no es una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución". Es decir, que la Carta Magna no reconoce que los padres tengan derecho absoluto a elegir el centro en el que sus hijos serán educados. Libertad y ocupación"Es difícil hablar de libertad de educación sin poder elegir colegio; de la misma manera que no se puede hablar de libertad de prensa sin poder elegir qué periódico comprar", reflexiona Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), en una conversación con elEconomista. Aguiló subraya que no se trata de "hacer colegios a la medida de nadie", sino de mantener el criterio de ocupación que rige en la actual legislación y que permite concertar cuando un aula tiene el mismo número de alumnos que otras públicas de su entorno. En este punto descansa la llamada "demanda social" que, a juicio de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (Fsie), está en el punto de mira del futuro Gobierno, de cara a fulminarla en la próxima reforma educativa. "Si los centros no está sujetos a la demanda social, lo están al capricho de la Administración", denuncia Javier Muñoyerro, secretario general de Fsie. "Si el criterio de la elección desaparece, la concertada pasará de ser una escuela complementaria a ser subsidiaria", insiste. La eliminación de este criterio de libertad de elección a los padres, traducido en hechos, supondría que los colegios públicos tendrían que llenar todas sus plazas ofertadas y, solo cuando esto ocurriera, se recurriría a plazas en centros concertados. El consiguiente descenso que se produciría en estos colegios derivaría en cierres de centros y despidos, según sostiene Muñoyerro. Los representantes de la escuela concertada consultados coinciden en que la contundencia de las palabras de la ministra armonizan con el pacto de Gobierno negociado con Unidas Podemos. El equipo de Pablo Iglesias libra una guerra abierta con las escuelas concertadas desde sus inicios, si bien ahora el tono es más relajado que en 2014. En el programa con el que se presentó a las elecciones europeas, Podemos clamaba por la "eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos". En el punto 229 de su último programa electoral apuesta por derogar la LOMCE e impulsar una nueva ley de educación que "será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social" y que blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo". ¿Se atisba el fin de la educación concertada en el próximo Gobierno PSOE-Podemos? El presidente de Cece matiza este punto: "No plantean eliminar la concertada, sino quitar el concierto". Aguiló se refiere a la financiación de la que tendrán que prescindir este tipo de centros si son considerados subsubsidiarios por las autoridades de Educación. Y sin financiación, solo encontrarán espacio en el ámbito privado. La vía dual público-concertada en la educación podría quedar simplificada a público-privada. "La libertad de elección se resiente si una opción es gratuita y la otra es de pago", argumenta Aguiló. Celáa intentó ayer calmar las aguas y aseguró que "los padres no tienen nada que temer" ante una controversia que calificó de "artificial". "El PSOE ha sido el baluarte de la defensa de la educación pública y la concertada", subrayó en una alusión a la ley aprobada por los socialistas en 1985.