La petición de imputación de Francisco González (FG) por parte de la Fiscalía Anticorrupción abre un futuro incierto para el expresidente de BBVA durante más de dos décadas. De momento sólo se trata de una mera solicitud por parte del Ministerio Fiscal por distintos delitos (cohecho y revelación de secretos), pero de prosperar y acabar en condena el banquero se enfrentaría con hasta nueve años de prisión, además de supuestas sanciones económicas.El cerco judicial se empieza a ce-rrar para FG tras año y medio de investigación por parte de la Audiencia Nacional y de la propia entidad para esclarecer las supuestas escuchas ilegales practicadas a empresarios y políticos desde 2004 y hasta 2017. La petición de la Fiscalía, en principio, se circunscribe a una de las piezas, la que hace referencia a las interceptaciones de las comunicaciones por el caso Sacyr, que es el que dio comienzo a este tipo de prácticas.Las escuchas encargadas a Villarejo para investigar a los clientes morosos, como los constructores Fernando Martín y Luis del Portillo, están incluidas en la pieza, pero los contratos para la asociación Ausbanc se han quedado, por ahora, fuera de la solicitud.El delito de cohecho está tipificado con penas de cárcel de entre tres y seis años, mientras que el delito de revelación de secretos está castigado con prisión entre uno y dos años.Según los informes del excomisario, analizados por la Audiencia Nacional, de los que este periódico ha venido desvelando desde principios de 2019, FG era el urdidor de esta trama y el que supervisaba todos los pasos se daban en el espionaje. Así lo revelaba el exdirector de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, que era el que mantenía el contacto directo con el exinspector de la Policía. Hay que tener en cuenta que Sacyr, a finales de 2004, planteó un órdago al banco con la pretensión de tomar su control con ayuda del entonces Gobierno socialista, para lo que era imprescindible el cese inmediato de Francisco González.Además, de prosperar todas las acusaciones, FG podría llegar a perder una parte del sueldo que tiene retenido. Es la partida variable que está sujeta a la cláusula de las malas prácticas, según la nueva regulación bancaria. De hecho, BBVA en algún momento ha llegado a insinuar que adoptaría una decisión sobre este punto con una imputación.En concreto, podría tener que devolver 3 millones de euros que tiene derecho percibir por su gestión entre 2016 y 2017, y otros 2 millones correspondientes a los acumulados en 2018. La retribución de los ejercicios anteriores no está sujerta a la cláusulas clawback y malus. Tampoco, en un principio, tendrá que devolver la pensión que BBVA fue dotando durante sus años de mandato y que alcanzó los 79 millones de euros. El banquero dejó la entidad a finales del año pasado, días antes de que saliera a la luz pública el caso de las escuchas ilegales, aunque mantuvo la presidencia de honor. Renunció a este último cargo horas antes de que se celebrara la junta de accionistas de la entidad, en marzo, por presión de algunos accionistas, molestos con la presencia de FG en la estructura del banco. Entonces, el banquero negó cualquier tipo de relación con la trama y defendió la las buenas prácticas impulsadas por la entidad.