BNP Paribas y Church of England Pension Fund aplauden su posicionamientoRepsol celebró ayer en Londres una reunión con algunos de los principales inversores del mundo que siguen los llamados criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno). En la reunión, en la que participaron el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz; el presidente de la comisión de sostenibilidad del consejo de la petrolera, Mariano Marzo, y el director del área de medio ambiente, Luis Cabra, sirvió para mostrar el compromiso de la petrolera en favor del cumplimiento del Acuerdo de París.El anunció fue rápidamente aplaudido por BNP Paribas Asset Management, que gestiona inversiones por valor de 436.000 millones de euros, y el Church of England Pensions Board, que destacaron el compromiso de la compañía en realizar acciones de lobby positivo a favor del Acuerdo de París.El compromiso de la petrolera presidida por Antonio Brufau surge tras el diálogo en el marco de Climate Action 100+, una iniciativa que reúne a más de 370 inversores de todo el mundo -con un patrimonio gestionado conjunto superior a los 31.500 millones de euros- con el objetivo de lograr que las mayores empresas del planeta tomen las medidas necesarias para combatir el cambio climático, y a la que pertenecen ambas entidades, que en este caso han actuado como representantes del conjunto de los inversores de Climate Action 100+.En su último informe de actividad, fechado en septiembre de 2019, Climate Action 100+ sitúa a Repsol como una de las pocas compañías de su sector que está alineada con el Acuerdo de París. Este respaldo de los inversores al compromiso de Repsol en la transición energética se une al que recibió el pasado mes de septiembre por parte de la Transition Pathway Initiative (TPI), asociación con sede en Londres que reúne a 50 de los mayores inversores en activos (con más de 15 billones de dólares bajo su gestión). En concreto, el compromiso del grupo dirigido por Josu Jon Imaz, en línea con las expectativas de los inversores europeos sobre los grupos de presión corporativos sobre el cambio climático, aborda el papel de las asociaciones sectoriales y abarca puntos como el respaldo y exigencia de medidas efectivas en todas las áreas de política gubernamental dirigidas a mitigar los riesgos de cambio climático, compartiendo asimismo la ambición de limitar el aumento de las temperaturas a un nivel muy inferior a los dos grados centígrados (tanto en España como en el extranjero, y a nivel europeo y global).Asimismo, pasa por asegurar procedimientos sólidos de gobierno corporativo, incluyendo la supervisión del consejo de administración, monitorización, evaluación y consistencia.