La calma está lejos de arraigarse en las calles y en las universidades catalanas, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) ha programado una huelga indefinida en las universidades catalanas, que comenzó el pasado martes (a la que también se han sumado alumnos de la ESO y de Bachillerato), con el fin de permitir una movilización continua en respuesta a la sentencia del Supremo sobre el 1-O. Así, 200 jóvenes, que se han definido como la Generación 14 de octubre, iniciaron ayer una acampada indefinida en la plaza Universitat de Barcelona para reclamar que "se pare de forma inmediata la represión", han plantado más de60 tiendas de campaña. Esta jornada de paros en institutos ha tenido una baja incidencia en Barcelona, donde no ha llegado al 13 por ciento de seguimiento, mientras que en las comarcas de les Terres de l'Ebre la han secundado el 63,7 por ciento de los estudiantes, según datos de los servicios territoriales de la conselleria. El martes, el día fuerte de esta huelga, los estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), una de las pocas universidades con presencia en los rankings internacionales, se encerraron en los tres campus del centro en Barcelona hasta conseguir el compromiso del rector, Jaume Casals, de implantar la evaluación única. Esto significa que los estudiantes podrán elegir una evaluación única (en diciembre) y aplazar las actividades evaluables. Además, podrán optar a una recuperación única para aquellos que lo deseen. De este modo, se evita que pierdan la evaluación contínua por las protestas y huelgas de las últimas semanas.Casals ha indicado que serán "atendidos todos los casos que lo soliciten y que no perjudicará a su vida académica". Además, auguró que "el número de estudiantes que se acogerá a este sistema será muy minoritario, porque el alumnado está acostumbrado a otro tipo de organización de la docencia". No solo el rector de la Pompeu ha accedido a cambiar los exámenes. La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha pactado acciones de flexibilidad, incluida la posibilidad de alargar el calendario actual. La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) aprobó medidas excepcionales para flexibilizar la evaluación académica este cuatrimestre, que consiste en una "prueba de síntesis final" para los estudiantes que lo soliciten, siempre que formalicen previamente su compromiso. El acuerdo del Consell de Govern estipula también que cada centro docente identificará, de acuerdo con su singularidad académica, las asignaturas que "no son susceptibles de ser evaluables con una prueba de síntesis final".En la Universidad de Barcelona (UB), las facultades son las que han decidido el propio sistema de evaluación. Nueve de ellas han publicado los acuerdos alcanzados con sus alumnos, distintos en función de la naturaleza de su formación. La Universidad de Girona (UdG), pionera en esta decisisón, aprobó la semana pasada el sistema de evaluación excepcional.En definitiva, lo que toleran las universidades es que los alumnos que secunden las huelgas se jueguen la nota en una única prueba.Este parón universitario, que es criticado por una parte de la población catalana, gravita también sobre la misión de la Universidad, sostenida con fondos públicos de todos los catalanes, de ofrecer pensamientos plurales y no únicos al estudiantado y a la sociedad en general. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le afecten, pero, en este caso, la huelga no afecta de facto a cuestiones universitarias, sino a un posicionamiento político controvertido, que cronifica el problema independentista.A pesar de los momentos de tensión y bloqueo en los campus, sobre todo el martes, el Sindicato defiende el derecho a asistir a clase del alumnado que no quiera secundar la convocatoria. Según la secretaria general, Coral Latorre, los piquetes que organizan son meramente informativos y defienden la postura de aquellas personas que quieran entrar en los centros.Apoyo a los presosEl principio constitucional de la autonomía universitaria como garante de la convivencia en la pluralidad es sobre lo que se han basado los rectores catalanes de siete universidades para aprobar manifiestos en apoyo a los presos independentistas (la Universidad de Lleida (UdL), la UAB, la UPC, la UB, la UPF, la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y la UdG).Por su parte, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que integran 76 universidades públicas y privadas de toda España, recuerda que esos textos surgen a iniciativa de grupos concretos de claustrales, que los rectores, en cumplimiento de sus estatutos, tienen la obligación de someter a votación en el claustro", como han hecho. No obstante, más de 800 profesores y catedráticos de toda España han reclamado a los rectores que retiren los manifiestos. En su carta recuerdan que las universidades no tienen derechos, sino potestades, y que la libertad de expresión es un derecho fundamental que corresponde a las personas. En esta misma línea, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, no tiene jurisdicción sobre los rectores y ha criticado las "coacciones" contra quienes no quieren secundar los paros, aunque ha reconocido que puede intervenir con respecto a los rectores de las comunidades autónomas. Además, ha respaldado a los docentes que reclaman que se retiren los manifiestos a favor de los políticos presos. A pesar de declinar al principio hacer algún tipo de declaración más incisiva, Duque ha publicado en su cuenta de Twitter: "No podemos permitir que las ideas de unos se conviertan en la mordaza de otros. Contra el control ideológico y por la convivencia en la universidad". En esta misma línea también se ha manifestado la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, que afirmó que "el derecho a la protesta pacífica de unos no debe conculcar el derecho de otros a acceder a las clases que les corresponden para continuar con su educación universitaria". Por otro lado, el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Manuel Pingarrón, en una conferencia ofrecida ayer en el Aula de Piedra de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), señaló que se debe atender a un equilibrio que facilite, por un lado, que los gobiernos universitarios tengan suficiente poder ejecutivo (es decir, autonomía, como la están teniendo las instituciones catalanas) para llevar a cabo sus acciones, pero con un protagonismo de las decisiones estratégicas de la sociedad, apuntando que es "aquí donde el papel de los consejos sociales de las universidades españolas es muy im-portante".'Mossos' en los campusTambién, otros actores implicados proponen algunas medidas para evitar lo que ocurrió en el campos de la UPF el martes. El presidente de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, anunció que su grupo presentará una propuesta en la Cámara catalana para que los Mossos d'Escuadra puedan entrar en las universidades catalanas sin el permiso de los rectores, en el caso de que se produzcan delitos de amenazas, coacciones o agresiones.La autonomía universitaria protege la libertad del profesorado para impartir sus clases y también esa autonomía deja los campus libres de policías y mossos. Tan solo las autoridades académicas podrían permitir, en condiciones excepcionales, la entrada de la policía en la Universidad. Por tanto, en situaciones como las vividas el martes, con piquetes prohibiendo la entrada a los universitarios que sí querían ir a las aulas y puertas de facultades bloqueadas con mesas y sillas, el rector es el único que puede autorizar la presencia de autoridades policiales en su jurisprudencia. Pîden más financiaciónLas universidades catalanas destacan por encima del resto y tienen las matrículas más caras de todas las comunidades autónomas, pero sus rectores no están contentos con la financiación y clamaron, hace unas semanas, por unos presupuestos dignos para su buen funcionamiento. La Generalitat ha presupuestado un aumento en 120 millones de euros para la financiación de las universidades públicas en los presupuestos de 2020. No obstante, descarta rebajar el 30 por ciento del precio de los estudios universitarios y eliminar así el agravio comparativo con otras comunidades. El Parlamento catalán aprobó ya, en abril de 2016, una moción para reducir las tasas de cara al curso 2017-2018, pero es medida nunca llegó a aplicarse.