Las cabinas españolas llevan desde hace tres años en una suerte de corredor de la muerte y por ahora siguen en pie gracias a los sucesivos indultos del Gobierno. Pero su futuro tiene ahora una nueva fecha de caducidad: el próximo 31 de diciembre. En ese cierre del año se extingue el último periodo de gracia gubernamental y, si no hay otro milagro que lo impida, se aceptará la conveniencia de suspender un servicio universal casi en desuso cuyo coste supera los 4,5 millones de euros al año. Los operadores consultados no encuentran motivos que justifiquen la prolongación de la agonía de este sufrido mobiliario urbano. En su último informe consultivo, solicitado a la CNMC por la secretaria de Estado para el Avance Digital, el supervisor del mercado propone suprimir las 16.000 cabinas supervivientes del catálogo el servicio universal, tras haberse constatado "el progresivo abandono de su uso, en términos de tráfico de llamadas, de ingresos y de distribución territorial". Por todo lo anterior, el Gobierno tiene en su mano eximir a los grandes operadores de financiar un servicio que ha realizado Telefónica desde hace más de 91 años.