Una revisión regulatoria más consensuada y previsible evitará nuevas demandas en los tribunales internacionalesLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está en proceso de alumbramiento de 13 nuevas normas –circulares– sobre los sectores eléctrico y gasista. Si las relativas al primero avanzan sin grandes conflictos, las del segundo están provocando un auténtico terremoto –los títulos de las firmas cotizadas han perdido unos 3.000 millones de euros en bolsa desde que se conocieron los borradores–, puesto que plantean un cambio de modelo regulatorio que provocará, de acuerdo con los cálculos del propio Regulador, un recorte de la retribución del 17,8 por ciento para las redes de transporte y del 21,8 por ciento para las redes de distribución entre 2021 y 2026. Esos porcentajes implican que durante el sexenio bajarán los ingresos del transporte en 1.442 millones, y en 1.521 millones los de la distribución, pero varias empresas han denunciado que el impacto en sus cuentas de resultados será muy superior –no afecta a todas por igual– y han anunciado que piensan defender sus intereses en los tribunales nacionales e internacionales, habida cuenta de que los accionistas de varias de estas compañías son fondos de inversión extranjeros. Con este panorama de incertidumbre por el brusco cambio de la regulación, en el que los juristas se arman de argumentos para los pleitos venideros, elEconomista ha reunido a siete expertos al objeto de analizar la situación y sus implicaciones, considerando también el actual contexto de transición energética, donde el gas y sus infraestructuras serán indispensables para la descarbonización de la economía. Bajo la moderación de Rubén Esteller, adjunto al director del periódico, han debatido Marta Margarit, secretaria general de la Asociación Española del Gas (Sedigás); Óscar Barrero, socio de la División de Consultoría de PwC; David Robinson, senior research fellow del Oxford Institute for Energy Studies; Javier Lasa, socio y director del Área de Energía y Recursos Naturales de Dentons España; Antonio Pérez Collar, fundador de Chance & Choices; Andrés Alfonso, socio y responsable de la Práctica de Energía de Ashurst, y Antonio Morales, socio de Baker & McKenzie.Arrancó el debate Margarit, en representación de la industria. Explicó que el cambio de regulación provoca inseguridad jurídica porque conduce al sector a un entorno no predecible, y dudó que de las empresas vayan a invertir si se aplica. Por ello subrayó que "la CNMC debería solicitar una prórroga a la reforma del gas para darse tiempo a realizar una norma rigurosa y dialogada. La regulación gasista no entra en vigor hasta enero de 2021, por lo que existe suficiente tiempo al objeto de crear ese marco necesario que necesita el gas para poder contribuir a la nueva economía neutra en carbono". Subrayó que las memorias justificativas que acompañan a las circulares no aclaran el entorno posterior a la aplicación del hachazo retributivo, ni siquiera el posible ahorro para la factura final del consumidor, algo pretendido por el Regulador. 10.000 millones de inversiónRecogió el testigo Barrero, quien recordó que el sector ya sufrió un recorte de unos 240 millones en 2014, en un contexto de déficit sectorial, y que el cambio propuesto por la CNMC es un vuelco imprevisible desde el modelo retributivo vigente, basado en los activos, a otro nuevo basado en la actividad. Valoró que "seguridad jurídica es tener un modelo estable, predecible, transparente, fácilmente modelizable por parte de los inversores. Estos han invertido más de 10.000 millones en los últimos años, y deberían jugar un papel clave dentro de la transición energética". Luego añadió que "seguridad jurídica también es tener una buena praxis en términos regulatorios. Y estamos hablando de un Regulador que no solo mira por los intereses del consumidor, que está bien, y es un principio fundamental, sino también por el buen desarrollo de la industria, para atraer inversiones y tener un sector lo suficientemente eficiente como para dar respuesta a los retos que se le acontecen".En esa misma línea de identificar los elementos que provocan inseguridad jurídica se pronunció Morales, señalando que el cambio en sí no es un problema, puesto que no se puede petrificar la legislación; no obstante, aseveró que "la regulación que trata de hacer la CNMC, a mi juicio, omite algunos trámites esenciales, como es la consulta previa, que es fundamental. Además supone una merma de la retribución para el sector de más del 20 por ciento que ejecutan consejeros y un presidente con mandatos vencidos, con un Ministerio en funciones, como el resto del Gobierno, y que puede entrañar eventuales arbitrajes internacionales en contra del Reino de España, tal y como ha acontecido con las energías renovables".Más suave se mostró Alfonso, apelando a la Ley sectorial: "Hay un marco estable en cuanto a lo que se puede cambiar, cómo se puede cambiar y cuándo se puede cambiar", dijo, antes de reconocer que "Efectivamente, no está claro, o no está definido, el resultado de ese proceso de cambio, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas, tanto consumidores como empresas, y teniendo en cuenta el equilibrio entre los ingresos y los costes del sistema". Discrepó a la hora de comparar el cambio normativo con el experimentado por las renovables –no hay retroactividad–, e incidió en que habría que saber si el resultado final permitirá una rentabilidad acorde con actividades de bajo riesgo y pareja a la de los países de nuestro entorno.Lasa se mantuvo en un punto medio: "El cambio de Ley es una circunstancia que está permitida, tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional; por lo tanto no nos debemos negar a que esto ocurra", pero igualmente reconoció que "realmente estamos en una situación en la que se puede determinar que existe un cambio de modelo, y si este cambio de modelo se materializa, es posible que ciertas inversiones de inversores internacionales, pierdan su valor. Si esto fuera así, posiblemente el Estado de España se tendría que enfrentar a reclamaciones internacionales por parte de inversionistas extranjeros, de resultado incierto". Por otro lado, no dudó en señalar elementos positivos en el nuevo modelo, como la salvaguardia de la suficiencia tarifaria para impedir el déficit o la introducción de varios criterios retributivos objetivos.Freno a la transición Más alejado de la polémica jurídica, Robinson abordó las implicaciones de la reforma en el proceso de transición energética, y aseguró que "lo más importante es que el marco normativo esté apoyando la descarbonización del sector energético y del país, y que si en el desafío de descarbonizar la economía hacen falta gases renovables, el marco tiene que estar financiando este tipo de inversión". Después introdujo otro debate, sobre cómo debe articularse este apoyo: "Estamos hablando de innovación y de riesgos importantes en tecnologías nuevas y hay que preguntar si eso se va a financiar a través del marco regulatorio o a través de ayudas directamente del Estado". Se mostró sorprendido de que la inversión extranjera siga recalando en España tras el recorte a las renovables y los consecuentes arbitrajes internacionales, y destacó la necesidad de que se aporte confianza para atraer una inversión que superará los 200.000 millones durante la próxima década.Pérez Collar intervino de un modo similar. Arguyó que en un entorno tan cambiante como el de la transición energética las empresas ya no pueden invertir pensando en el business as usual, sino en el business for future, con un largo plazo en el que solo tienen cabida las fuentes renovables. Por consiguiente, "la Administración, cuando aprueba una regulación, debería tener en cuenta que el futuro predecible y no predecible del desarrollo de una tecnología no encuentre barreras de entrada para su despliegue. En el caso del gas natural, ese futuro está relacionado con los gases renovables, incluido el hidrógeno renovable, y la regulación no debería impedir que se desarrollen".Errores y sorpresasLos participantes se mostraron conformes con que el proceso de nacimiento de la nueva normativa no es adecuado, tanto por la situación de interinidad de sus responsables, como por la gran velocidad a la que se quiere acometer, lo que está provocando errores y sorpresas en la tramitación, como el rechazo del Consejo de Estado a admitir los proyectos de circulares remitidos por la CNMC –no está habilitada para ello y ha tenido que usar el Ministerio para la Transición Ecológica como intermediario–, o la irrupción del Ministerio de Economía, que tendrá que preparar informes adicionales sobre el impacto económico de la reforma.Cierto es que la Comisión Europea presiona para que el país disponga de una regulación acorde con la normativa comunitaria; España tiene activado un procedimiento de infracción, y, en aras de cerrarlo rápidamente, la CNMC y el Go-bierno se emplazaron el pasado diciembre a tener listo el nuevo marco antes de que concluya 2019, es decir, la mitad del plazo habitual en otros países con modelos similares, como Reino Unido. Pero a estas alturas es obvio que el Gobierno fallará con su parte, porque no puede aprobarla en funciones, este y el Regulador tienen que limar discrepancias sobre siete de las circulares, y, como insiste el sector, no hay prisa en el caso del gas, puesto que no entrará en vigor hasta 2021. Así, resulta llamativo que el Consejo de Estado no esté tramitando las circulares por la vía de urgencia –ya ha recibido cinco, ninguna polémica–, algo que se interpreta como una señal de que lo mejor es ampliar los plazos previstos para conseguir una regulación más sólida y consensuada.