Afirma que si toma medidas excepcionales, lo hará de manera compartidaComo era previsible, la sentencia del procés se coló este lunes en la campaña electoral. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, fue el primer líder político en reaccionar, consciente de la dificultad que entraña manejar la variable del fallo judicial a las puertas de unas elecciones generales. Apelando a la unidad de los constitucionalistas, el líder socialista subrayó de antemano que el acatamiento de la sentencia del procés implica "su íntegro cumplimiento". Pero de poco sirvieron sus palabras, porque a lo largo de la mañana, tanto populares como ciudadanos demandaron en sendas ruedas de prensa el compromiso de Sánchez a renunciar al indulto, reclamándole, además, la negación de los permisos penitenciarios, cuestiones concretas sobre las que el presidente en funciones no se pronunció.A mediodía, antes de que Sánchez hablara por teléfono con los líderes de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, Albert Rivera encabezaba las declaraciones desde el Congreso de los Diputados, mostrando su lealtad institucional, pero pidiendo una mesa a tres (Sánchez, Casado y él mismo) para decidir, desde una postura de Estado, y no de siglas políticas, qué medidas tomar ante los acontecimientos que se sucedan en Cataluña.Más tarde, el jefe de la oposición, Pablo Casado, mantenía que la sentencia ha puesto fin a un proceso judicial ejemplar, recalcando que se han condenado conductas, y no ideas. Dicho esto, recordó la urgencia de recuperar la economía para Cataluña (5.000 empresas a la fuga), para lo cual estima necesaria una profunda reforma del código penal, reforma con la que el PSOE no parece estar de acuerdo. Entre las peticiones de Casado están la reforma de la ley del indulto, para que éste no se conceda a quienes ha sido juzgados por sedición y rebelión, así como la recuperación de las competencias de la administración penitenciaria para que el Govern de Cataluña, como ocurre desde 1983, no sea quien decida cómo han de cumplir sus penas los políticos juzgados por el procés.En esa línea, y antes de que se acometa una reforma de las leyes, que requiere del concurso de la mayoría, Casado pidió agilizar la Ley de Seguridad Nacional, el restablecimiento en Cataluña de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley de Acción Exterior para clausurar el Diplocat.Más allá de las posturas de PP y Ciudadanos –respetando la sentencia judicial–, y la del PSOE, también en estas tesis, pero sin abandonar su deseo de seguir dialogando, Unidas Podemos se desmarcaba. Pablo Iglesias se mantuvo en sus trece y declaró que no se debió judicializar el conflicto, porque la resolución del mismo solo es "democrática" y la única vía "es el diálogo". En este marco, Iñigo Errejón, en su caso, pidió un gobierno progresista. Quien se manifestó contrario a la sentencia fue Vox. El partido de Santiago Abascal anticipa que recurrirá el fallo judicial, por no abarcar el delito de rebelión.Del lado de los políticos juzgados, Oriol Junqueras afirmó que "el PSOE y el PSC y mucha gente saben que son inocentes". Fuera de la política, la CEOE ha transmitido su respeto "más absoluto a los tribunales".Respaldo para las medidasComo ya se conocía desde la mañana, a la tarde el presidente del Gobierno en funciones se ponía en contacto con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. A través de la secretaria de Estado de Comunicación, se calificaban las conversaciones dentro de un clima positivo y constructivo, en una búsqueda de unidad de acción de los partidos, dejando claro que "si fueran necesarias medidas excepcionales, éstas deberían ser compartidas por las principales fuerzas políticas".Lo cierto es que, según fuentes de Ciudadanos, cuando fue interpelado para una reunión a tres, con PSOE y PP, el presidente del Gobierno descartó tal reunión, quedando –relata Moncloa– en que tal encuentro se producirá de acuerdo a la marcha de los acontecimientos.