La patronal pide evitar que las protestas al fallo del 1-O afecten a la actividad y la cohesión social Los sectores más preocupados son los ligados al turismo: alojamientos, comercio y restaurantesLas empresas catalanas temen que las consecuencias en las calles y en la política de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del procés se traduzca en una agudización del frenazo económico regional más allá de las afectaciones que ya se están viviendo a nivel internacional y nacional. Su preocupación radica en que se sumen más perjuicios a las sombras ya existentes como la guerra comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, el Brexit, y la desaceleración e incluso recesión en los grandes países de la UE, principal mercado de las exportaciones.Las primeras víctimas ante la inestabilidad son siempre las inversiones y el turismo, mientras que una nueva oleada de fuga de empresas queda más lejos, siempre que las instituciones catalanas no abandonen el marco de la legalidad.En conversaciones con elEconomista, los empresarios más preocupados son los que se vieron más afectados por la inestabilidad de la segunda mitad de 2017: los alojamientos turisticos, el comercio y la restauración de Barcelona, pero también están en alerta otros sectores como la industria y la gran distribución, que pueden ver afectados sus suministros y ventas si las protestas contra el fallo judicial colapsan las vías de transporte, como ya han anunciado.La gran patronal catalana, Foment del Treball, reconoce que esta sentencia "comportará reacciones políticas y tendrá una importante afectación emocional", pero insta a la "responsabilidad" en la administración de las reacciones: "Tienen que garantizar por encima de todo la convivencia y evitar que la legítima manifestación de la protesta afecte el normal desarrollo de la actividad económica y cohesión social".Con todo, Foment no quiere caer en el pesimismo, y una vez más llama a una solución política: "Con la publicación de la sentencia se abre una nueva etapa política para que, desde el respeto mutuo, siempre dentro de la legalidad, se pueda superar el callejón sin salida actual entre Cataluña y el resto de España y, a través del pacto, se facilite la recuperación de la estabilidad y de la normalidad democrática e institucional".Pimec sigue la misma línea y su presidente, Josep González, también apela a la responsabilidad política: "Solo oigo ataques y acusaciones entre los partidos políticos y nada de medidas para dinamizar la economía. Si no nos preparamos, si los inversores dudan, se perjudicará el presente y el futuro".Y es que una nueva etapa de agitación como la que rodeó al referéndum de 2017 llegaría en muy mal momento, con las previsiones macroeconómicas a la baja y síntomas de debilidad del consumo. "Estamos delante de la tormenta perfecta. Vivimos una situación complicada que repercute muy negativamente en la economía y el turismo", explica Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, la unión de ejes comerciales de Barcelona.Hace dos años, la inestabilidad política se produjo en un momento alcista del ciclo económico, mientras que ahora es bajista. En el caso de la hostelería, temen que este contexto convierta las consecuencias de las protestas políticas -que se anuncian como sostenidas en el tiempo- en la puntilla que provoque el cierre de establecimientos ya castigados por la caída del negocio. El director del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, explica que la temporada de verano ha mostrado "síntomas de debilidad por la caída del consumo, que tiene que ver con la caída del nivel adquisitivo del visitante y la crisis de seguridad".Considera que "mezclar el contexto político con el funcioamiento ordinario de la ciudad y su económia es un error" y defiende canalizar las legítimas protestas teniendo en cuenta que la afectación al funcionamiento ordinario de la ciudad sea el mínimo: "Muchos autónomos y microempresas, que son mayoría en la restauración, no pueden soportar nuevas temporadas de anormalidad".Recuerda que en 2017 se "rompió" el verano por los atentados yihadistas y el otoño por el procés, y que en 2018 no se puedo recuperar la situación previa, mientras que este verano de 2019 el negocio en el centro de la ciudad ha caído un 10 por ciento respecto a 2018. "La noche ha funcionado muy mal en la ciudad porque los clientes estaban preocupados por si era seguro moverse por la ciudad a determinadas horas", lamenta.Argumenta que los márgenes de la restauración, con más de 70.000 trabajadores directos en la ciudad, son más ajustados que los del textil o los hoteles, y que el sector no puede aguantar demasiado tiempo de "anormalidad". Por ello, llama a la calma para evitar "consecuencias que nadie desea, esté a favor o en contra de la sentencia".Pallarols constata que el aumento de las pernoctaciones en Barcelona este verano no se ha notado en la restauración, mientras los hoteles y apartamentos de la capital catalana también están a la expectativa de este otoño. Los hoteles de la ciudad de Barcelona mejoraron en verano -julio y agosto- alrededor del 5 por ciento los datos de ocupación y precio respecto al mismo periodo de 2018, pero todavía están un 8 por ciento por debajo respecto a la rentabilidad del verano de 2017, según datos del Gremio de Hoteles de la capital catalana.El presidente de la entidad, Jordi Mestre, considera que ha sido un verano "relativamente bueno" en ocupación y precios, con un acumulado de enero a agosto que arroja un aumento del 2,9 por ciento en la ocupación (hasta el 83,8 por ciento), del 4,5 por ciento en el precio medio y del 7,5 por ciento en la rentabilidad, tras un último trimestre de 2017 y primer semestre de 2018 "muy complicados".Desafíos pendientesMestre afirma querer ser optimista, pero repasa desafíos todavía pendientes y que pueden enturbiar el futuro, como la recurrencia de las huelgas en el Aeropuerto de Barcelona coincidiendo con puentes y vacaciones; el Brexit -teniendo en cuenta que Reino Unido es el principal mercado emisor europeo-; la situación económica de Alemania –que ya se refleja en menos turistas germanos-, y los planes de aplicar un recargo de hasta cuatro euros diarios a la tasa turística en la ciudad de Barcelona.Los hoteleros son de momento prudentes respecto a las consecuencias que puede tener de nuevo para el turismo -como ya pasó con el referéndum en 2017- la respuesta del independentismo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. De todas formas, Mestre recuerda que hace dos años, "muchos negocios" –hoteleros y de otros sectores que viven del turismo vieron caer su facturación entre el 20 y el 30 por ciento en el último trimestre de aquel año por la inestabilidad política y social, y que las huelgas les afectan.Desde Apartur reconocen que tienen miedo a que se repita aquel escenario: "Nos afectó más el 1-O que los atentados de verano", afirma el presidente de Apartur, Enrique Alcàntara. De momento, de enero a septiembre los apartamentos han mejorado cuatro puntos la ocupación respecto al mismo periodo de 2018, hasta el 84 por ciento, y entre junio y septiembre han rozado el 90 por ciento de ocupación. "Hemos superado la crisis de 2018, pero no somos optimistas respecto al futuro", comenta Alcàntara.Desde Pimec, González es taxativo: "Necesitamos un gobierno que gobierne y presupuestos, porque son una herramienta imprescindible para la economía". Jené, de Barcelona Oberta, añade que "sin presupuestos no se dinamiza la economía, se congelan los gastos públicos y sin inversiones hay menos contratación, y sin contratación, más precarización y eso acaba repercutiendo en el día a día de la gente".El secretario general adjunto y director de Economía de Foment del Treball, Salvador Guillermo,, ejemplifica: "En Cataluña llevamos dos años sin tener presupuestos y no entendemos cómo ni el Gobierno ni la oposición pueden no hacer su trabajo. Los ciudadanos han dado más diversificación política. Ahora toca hacer una oposición constructiva para activar las políticas sociales".De momento, el Gobierno de la Generalitat amaga con alzas fiscales en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) y el Impuesto de Sucesiones, así como más tributos verdes, mientras otras comunidades anuncian rebajas de impuestos. Con estos cambios, pretende captar apoyos suficientes por parte de los grupos de izquierdas para sacar adelante las cuentas públicas de 2020.