La jueza considera que hay una red organizada para evitar los controlesEl entramado Magrudis, la empresa responsable del mayor brote de listeriosis de la historia de España tras comercializar carne contaminada con la marca La Mechá, será investigado también por un posible delito de alzamiento de bienes. La jueza ha ordenado investigar las actividades económicas y los bienes, en total, de diez empresas y nueve personas "que pudieran estar realizando labores de testaferro".La querella presentada por la organización de consumidores Facua el pasado 23 de agosto y la denuncia de la Fiscalía dieron lugar a la apertura del caso en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Ahora, un nuevo auto dictado por la magistrada Pilar Ordóñez une la insolvencia punible a la lista de delitos objeto de investigación en la causa por la que permanecen en prisión provisional sin fianza el considerado "administrador de hecho" de la trama, José Antonio Marín Ponce, y su hijo mayor, Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis SLU. El hijo pequeño, Mario, que figura como propietario y administrador único de Elaborados Cárnicos Mario SLU, quedó en libertad provisional con cargos.En el auto, con fecha de 7 de octubre, la jueza indica que además de las dos sociedades citadas, "existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido cinco empresas registradas y cuatro de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables".Se trata, en concreto, de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL, siendo las cuatro últimas las que paralizaron su actividad tras acumular deudas.Información ocultadaAdemás, la magistrada pone de manifiesto que una de las cinco personas que fueron detenidas el pasado 24 de septiembre está vinculada a otras dos sociedades, Interweb Imagen SC y Rodríguez & Dorado Alimentación SL. También señala el auto que el 23 de agosto se tuvo conocimiento de la existencia de la empresa Comercial Martínez León, que comercializaba también productos procedentes de la trama investigada, "una información que fue ocultada por los responsables de Magrudis".De acuerdo con el auto, "se deduce que con la creación de todas las entidades antes indicadas, se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno".La magistrada ha acordado encomendar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice "el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de las personas vinculadas por lazos familiares que pudieran estar realizando labores de testaferros".De acuerdo con los datos facilitados por Facua, más de 90 personas han pedido ya a la organización asistencia legal para que les defiendan en el proceso abierto contra Magrudis.