Nueva jornada en el caos que envuelve a Reino Unido. Ayer a mediodía, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se comprometió a solicitar formalmente un retraso del Brexit, previsto para el 31 de octubre, si no logra cerrar un acuerdo con la UE para el 19 de octubre, tras la cumbre prevista los días 17 y 18 con los líderes europeos, tal y como le obliga la ley. Una promesa que duró apenas cuatro horas, hasta que dio marcha atrás en un tuit.El cambio de posición vino a través de unos documentos gubernamentales presentados en un tribunal escocés, que apuntan al compromiso del premier de remitir una carta para pedir la extensión formal del artículo 50. Supondría, sin duda, un giro en los acontecimientos, toda vez que Johnson ha asegurado hasta la fecha que o conseguía un acuerdo con la UE o la alternativa era una salida abrupta. El movimiento duró apenas unas horas, hasta que, en un tuit, el primer ministro volvió a insistir en que el país saldría de la UE el 31 de octubre: "Con acuerdo o sin acuerdo, pero sin retraso".El origen de la disputa es simple: el primer ministro está obligado a acatar la ley que se aprobó el mes pasado en Westminster, por la cual los parlamentarios buscaron evitar un divorcio caótico. Según dicho texto, la prórroga será obligatoria si no había un acuerdo o un permiso expreso del Parlamento para un Brexit duro antes del 19 de octubre.El tribunal de Escocia examina estos días una denuncia que han presentado activistas contrarios al Brexit, que ya vencieron al Gobierno en su intento de cerrar el Parlamento hace unas semanas, con el fin de lograr una orden judicial que asegure que Johnson se vea forzado a cumplir la ley antibrexit duro. Su objetivo es asegurarse de que el primer ministro cumpla la ley sin excusas.El Gobierno, según documentos judiciales recogidos por la BBC, habría asumido su obligación de enviar la carta con la solicitud formal de prórroga, algo a lo que Johnson se había negado constantemente en público hasta ahora. Fuentes de Downing Street afirmaron a Sky News que enviarán la carta, pero no descartan "hacer otros movimientos posteriores", como pedirles a los líderes europeos que rechacen la petición una vez hecha, una posibilidad defendida inmediatamente por el diputado brexiter Mark Francois. Sin embargo, el abogado escocés Jonathan Mitchell señaló que la promesa del Gobierno al Tribunal es tan vinculante como una orden judicial, por lo que si Johnson tratara de boicotear el objetivo de la ley –conseguir una prórroga–, podría ser declarado culpable de desacato a la Justicia. Según el abogado constitucional David Allen Green, con esta promesa, "Johnson se ha impuesto una orden judicial a sí mismo".