El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, admitió ayer ante el juez de la Audiencia Nacional que su consejo de administración filtró información sobre la situación del banco semanas antes de su caída, lo que pudo perjudicar a la entidad. Saracho está imputado en la causa penal que investiga el fin del banco por manipulación del mercado. Según la investigación judicial, el expresidente del Popular intentó tirar el precio de la acción en beneficio propio. El exbanquero, presuntamente, trató de abaratar el valor del banco para poder venderlo de forma rápida o realizar una ampliación de capital. Con ese objetivo, habría orquestado, junto a algunos miembros del consejo de administración, una estrategia para desacreditar a la entidad. Saracho aseguró que, aunque hubo filtraciones desde el seno del banco, desconoce qué miembro del equipo gestor las realizó. El magistrado José Luis Calama preguntó al investigado sobre la política de comunicación que siguió el banco bajo su presidencia, puesto que entre las filtraciones a la prensa y el discurso de Saracho en la junta de accionistas de abril de 2017, presuntamente, se acabó desestabilizando al banco. El exbanquero dijo entonces ante los accionistas que la entidad debía venderse o ampliar capital, acelerando la fuga de depósitos que vivía el Popular desde inicios de año. Saracho aseguró al respecto que hizo lo que tenía que hacer, aconsejado por el despacho de abogados Uría, según informan fuentes judiciales. Además, añadió que tenía pocas noticias buenas que dar y las dio como pudo. Desinterés en gestionarConcretamente, el magistrado indicó al exbanquero que, tras ver en youtube sus declaraciones en la junta de accionistas, tuvo la impresión de que no parecía interesado en llevar las riendas del banco, ante lo que Saracho esgrimió que ambas (la venta y la ampliación de capital) eran opciones muy reales. El exbanquero dijo que, aún conociendo el problema de liquidez que estaba afectando a la entidad por la salida de fondos, siguió con sus objetivos, a pesar de que le parecían "muy difícil", pero debía de intentarlo. Respecto a cómo fue su entrada en el banco -asumió oficialmente la presidencia en febrero de 2017- aseveró que más o menos tenía claro donde se metía. No obstante, dijo, se dio cuenta de que la ampliación de capital que realizó el Popular en mayo de 2016 de 2.500 millones de euros fue insuficiente, porque se utilizó entera para cubrir deuda. Saracho explicó que, a su llegada a la entidad, solicitó una tasación de los activos inmobiliarios del Popular para conocer exactamente cuál era la necesidad de provisiones. Señaló que, aunque este estudio nunca se terminó de hacer, él calculó que el banco necesitaba dotaciones por un valor aproximado de 8.000 millones de euros. Críticas a la anterior gestiónEl expresidente del que fue el sexto banco del país evitó mencionar directamente a su antecesor Ángel Ron, aunque sí dijo que se hicieron cosas mal bajo su gestión y hubo "desviaciones", según informaron las mismas fuentes. Asimismo, Saracho aseguró ante el juez que el anterior gobierno de la entidad presionó a sus comerciales para que vendieran la ampliación de capital a los clientes, según Efe. Por otro lado, el exbanquero también hizo referencia a la entrevista que concedió la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, Elke König, a Bloomberg en mayo de 2017, días antes de la caída del banco, que también aceleró la retirada de depósitos por parte de los clientes de la entidad. König dijo entonces que la organización tenía vigilado al Popular. Saracho aseguró que tras conocer esas declaraciones llamó a König, pero que ésta le comentó que se habían malinterpretado sus palabras. Saracho también mantuvo que el banco cayó por un problema de liquidez. Según dijo, ante la masiva marcha de fondos, se solicitó al Banco de España días antes de su intervención una inyección de liquidez para poder seguir funcionando ofreciendo un colateral (garantías) de 40.000 millones de euros, pero sin embargo, según Saracho, el supervisor le denegó la petición al no considerar válidas las garantías aportadas. Finalmente, también explicó que echó marcha atrás al proyecto denominado Sunrise de los antiguos gestores del banco porque tenía riesgos para la entidad. Este plan consistía, entre otras cosas, en llevar a cabo la desinversión de determinados activos para reforzar el capital de la entidad. Los peritos judiciales apuntaron en el informe que remitieron a la Audiencia Nacional que el proyecto se abandonó, "sin que hayamos visto justificación de los motivos de tal decisión". Saracho comparecerá hoy por segundo día para responder a las cuestiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares.