La firma negocia con fondos la venta de esta demanda por 75 millones de eurosAbengoa ha alcanzado un principio de acuerdo con un conjunto de fondos para la venta parcial del arbitraje que su filial luxemburguesa CSP Equity Investments interpuso en 2013 contra el Reino de España en la Cámara de Comercio de Estocolmo por el recorte de las primas a las renovables. La compañía se estructurará como una participación en los derechos de crédito que pudieran surgir en favor de CSP a cambio de un precio inicial de hasta 75 millones de euros así como una cantidad adicional, una vez cubiertos los costes de los inversores, cuyo porcentaje dependerá del importe reconocido y cobrado del arbitraje. La ingeniería andaluza reclamó inicialmente más de 800 millones, aunque este volumen supera ya los 1.200 millones por intereses de demora. Abengoa ya ha solicitado a sus acreedores los consentimientos necesarios para poder formalizar la operación. La empresa ha aclarado que por ahora "se trata únicamente de un principio de acuerdo". El grupo que preside Gonzalo Urquijo repite de esta manera la línea emprendida por otras compañías españolas como Telefónica, Acciona e Iberdrola, que en los últimos meses han traspasado, o están en proceso de hacerlo, una parte de los derechos sobre sus arbitrajes a Fortress. Con ello, ingresará anticipadamente una cantidad que le servirá para cancelar su costosa deuda. La de Abengoa es la segunda mayor demanda que enfrenta el Estado español por el recorte a las renovables, solo superado por el de PV Investors (1.400 millones). Hasta la fecha, España ha perdido 11 arbitrajes por esta cuestión, en la que enfrenta más de 40 demandas, y solo ha ganado dos (el de Isolux y el de Charanne), aunque ambos en la Cámara de Comercio de Estocolmo. En esta Corte se han resuelto otros dos contrarios al Gobierno español –uno de ellos fue anulado por un tribunal–. El importe de las condenas se aproxima a los 1.000 millones, si bien el Gobierno ha recurrido todas las resoluciones. El arbitraje internacional de Abengoa fue interpuesto por CSP Equity Investment, titular de varias plantas termosolares en España (Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2). "Nuestra demanda de arbitraje alega que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment (...) y constituye una expropiación", recogía la compañía en el folleto enviado a la SEC.