El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada, ha realizado una defensa en bloque del nuevo sistema de retribución del gas y la electricidad, que planteaba un recorte de hasta el 18 por ciento para la retribución a la distribución de gas y del 7 por ciento para la de electricidad.El primer ejecutivo del superregulador no ha dudado en dejar claro a las grandes compañías del sector, que hoy se han dado cita en el IV Foro de la Energía organizado por elEconomista, que la reforma no se ha realizado "para gustar a todo el mundo" y que, prácticamente, no sufrirá ningún cambio. "Todo el mundo sabe cómo pensaba la CNMC en 2014, cuando empezó a realizar estas recomendaciones. Ahora tenemos el mandato legal de fijar la retribución para los siguientes cinco años y el sentir no ha cambiado", asegura Marín Quemada durante la clausura del evento.En este punto, el directivo ha explicado que la nueva fórmula para calcular el WACC, que reduce en unos 5.000 millones la retribución de las empresas, está basada en criterios técnicos y económicos "ampliamente contrastados" y objetivos, por lo que cualquier reclamación o petición tiene que estar "basada en datos sólidos, objetivos y contrastables". Y es que, pese a que se ha abierto un periodo de alegaciones de más de dos meses para que las distintas compañías eléctricas valoren las 14 circulares publicadas por la CNMC sobre el futuro del gas y la electricidad, no parece que el organismo esté dispuesto a hacer grandes cambios y que, como mucho, suavizará algo el recorte planteado ajustando alguna de las variables. "El objetivo de recibir todas las reflexiones era perfeccionar las circulares. Que si nos habíamos equivocado en algo nos lo decían las empresas y nosotros rectificábamos. Si ha habido que cambiar algo, lo hemos hecho en estas semanas", explica el presidente del regulador, después de que ya se hayan aprobado las dos primeras sin cambios. "Estamos valorando con el máximo rigor del que somos capaces todos los apuntes y comentarios que hemos recibido y veremos qué puede ser necesario introducir", explicó en este sentido Marín Quemada, que tampoco se mostró dispuesto a plegarse a todas las directrices del Ministerio de Transición Ecológica, aunque, según matizó, las circulares sí que "estarán alineadas con las orientaciones de política energética". El departamento que dirige Teresa Ribero publicó el pasado mes de abril en el BOE unas disposiciones generales en las que se establecía una serie de orientaciones de política energética para que siguiera la Comisión, con el objetivo de que las "adoptara en relación con las Circulares de carácter normativo en materia energética (…) que tenga previsto aprobar y que puedan incidir sobre aspectos y prioridades de política energética en los que el Gobierno ostente la competencia". Una "orientación de política energética" que Marín no dudó en cuestionar durante su intervención. "Las orientaciones pueden ser cualquier cosa, como decidir si sí o si no al carbón, pero, en mi interpretación, seis páginas a letra de BOE no son orientaciones. Ellos han hecho lo que tienen que hacer y nosotros haremos lo que veamos", sentenció José María Marín Quemada.El presidente de la CNMC ha querido dejar claro en todo momento que el objetivo de esta regulación es dotar de "estabilidad jurídica y regulatoria" al sector y velar por el interés general, como son las familias o las distintas industrias, como las azulejeras o la del autómovil, que son "extraordinariamente sensibles a los precios de la energía". "Esta bajada de costes va a repercutir en los consumidores y en el déficit energético", aseveró antes de matizar que la nueva normativa sí que contempla retribuir las inversiones aunque "no cualquiera"."Las inversiones hay que retribuirlas, porque si no, nadie invertiría. Esas inversiones se van a retribuir, pero solo las que sean necesarias y se encuentren en sectores regulados, no las que respondan a las estrategias privadas de las empresas. Esas no las tiene que pagar el consumidor español", sentenció Quemada.El primer espada del superregulador, que asegura que hay otros países que tienen fórmulas más austeras, tiene previsto aprobar el nuevo sistema de retribución antes de finales de año para que entre en vigor en 2020 en el caso de la electricidad y en 2021 en el del gas, por eso está operando con plazos tan ajustados. Y es que, si no se aprueba, de cara al próximo periodo se prorrogará el sistema actual.