Los sindicatos de Ryanair han denunciado a la compañía por vulnerar su derecho de huelga. El domingo por la noche y el lunes por la mañana se personaron agentes de la Guardia Civil para investigar la presencia de tripulantes de cabina del Reino Unido, Alemania, Portugal e incluso Irlanda en bases españolas para realizar los vuelos o el cambio de las programaciones para modificar el origen de los mismos y que se pudieran hacer con los trabajadores de otras bases. "USO ha ampliado la denuncia por vulneración del derecho de huelga al constatar la presencia de tripulaciones extranjeras como esquirolas en la huelga española", denuncia USO, que también llevará ante la Inspección de Trabajo este boicot. Cataluña presiona a AenaPor su parte, la Generalitat de Cataluña lanzó ayer un nuevo dardo a Aena ante la intención de Ryanair -todavía no firme- de dejar de volar en el Aeropuerto de Gerona, entre otras bases europeas. Tras reunirse con representantes de la aerolínea irlandesa en su sede central de Dublín, el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Administración catalana, Isidre Gavín, afirmó que el actual sistema de gestión aeroportuaria centralizado por Aena "perjudica" a los aeropuertos como el gerundense. El Gobierno catalán quiere "liderar la búsqueda de una solución", pese a señalar que el propietario y gestor del Aeropuerto de Gerona es Aena. Hasta ahora, la Generalitat ha retenido a Ryanair en Gerona a golpe de talonario. Según el propio consejero catalán del ramo, Damià Calvet, desde que la compañía aérea empezó a volar en Gerona en 2003 ha recibido unos 60 millones a través de convenios de marketing y promoción turística, sufragados en su amplia mayoría por fondos públicos, con aportaciones de la Generalitat, la Diputación, la Cámara de Comercio de Gerona y hoteleros de la zona. Pese a su elevada cuantía acumulada a lo largo de los años, estos convenios, que se han ido renovando periódicamente y cada vez por un mayor importe, nunca se han hecho públicos, si bien Calvet ha solicitado comparecer en el Parlamento catalán para dar explicaciones y defender, según su parecer, el retorno económico multiplicador.