Representa a un sector de tecnología sanitaria heterogéneo, que facturó 7.800 millones de euros en 2018, un 4,5 por ciento más que el año anterior, exportó por valor de 3.500 millones y genera 25.500 empleos directos. Margarita Alfonsel Jaén tiende la mano a las nuevas administraciones para resolver el déficit tecnológico de la sanidad pública española, que las donaciones de la Fundación Amancio Ortega han retratado, una colaboración que necesariamente pasa por una mayor planificación e inversión pública, según reclama.¿Cómo definiría el momento actual que atraviesa la tecnología sanitaria en España? Es un momento tremendamente interesante y destacaría dos aspectos. Por un lado, la irrupción de innovaciones tecnológicas de altísimo valor, como robótica, impresión 3D, Big Data o inteligencia artificial, que ofrecen un alto protagonismo al sector dentro del sistema sanitario, porque la evolución tecnológica está aportando muchas soluciones que hacen que avance. Pero, por otro lado, tenemos muchas dificultades: una financiación insuficiente, ligada al problema de obsolescencia tecnológica, estamos además en puertas de un cambio regulatorio para 2020-2022, donde pasaremos a una legislación europea que es una evolución y que permitirá introducir elementos de mayor seguridad para los pacientes. Estamos, además, trabajando en un proyecto de medición de resultados, de compra basada en valor. ¿Qué lectura hace de la polémica sobre las donaciones de Amancio Ortega? Hemos reconocido de forma especial la donación de la Fundación Amancio Ortega, porque ha venido a paliar una situación de deterioro de determinado equipamiento. La polémica, la verdad, no la entiendo. Lo importante es que el sistema sanitario se beneficie del altruismo de determinadas instituciones, que puedan hacer donaciones para que estemos en una situación de normalidad. Qué duda cabe que también ha servido para que la sociedad sea más consciente de esta situación de obsolescencia tecnológica.El Gobierno prevé mantener el peso del gasto sanitario público en el 6 por ciento del PIB hasta 2022. ¿Supone un jarro de agua fría a las aspiraciones del sector?No es una buena noticia para nosotros. Ya hablábamos del déficit de financiación que tiene la sanidad, si le sumamos el nivel de obsolescencia elevado con una necesidad de una dotación presupuestaria de 1.400 millones de euros que hemos planteado a cuatro años, la verdad es que no es una buena noticia. So-mos constructivos y tenemos que pensar que hay que seguir trabajando para que las administraciones sean conscientes de estas deficiencias y subsanarlas.¿Cómo fue su encuentro con el consejero andaluz?Tuvimos un encuentro muy positivo. Aparte del contacto institucional. donde pudimos plantear la financiación, la compra por valor, medición de resultados, planificación, también hablamos de la obsolescencia y creo que las comunidades autónomas son plenamente conscientes de renovar el parque tecnológico, no solo porque puede haber problemas de seguridad hacia los pacientes y profesionales, sino porque además un equipamiento obsoleto aporta diagnósticos menos certeros y tratamientos menos precisos.¿Y con Sanidad?También demostró su receptividad. Creo que es un tema que ha calado. Hemos aportado información rigurosa y, al final, hay conciencia del déficit tecnológico y es uno de los temas prioritarios que quieren acometer, según conversaciones que hemos tenido con personas vinculadas al Partido Socialista. Sí existe un compromiso, todavía no una realidad, pero sí un compromiso.¿Dónde diría que están los pacientes accediendo a los mejores diagnósticos y terapias disponibles? ¿En la sanidad pública o privada? No es fácil de contestar. La crisis se llevó por delante el capítulo de inversiones de las comunidades autónomas. Las inversiones que se hicieron en el ámbito público no han sido todas las necesarias. En este momento, los grupos privados han estado haciendo muchos esfuerzos para dotarse tecnológicamente y ofrecer estos recursos a la sanidad pública. Soy una firme convencida de que el sistema sanitario es uno y que tiene que existir la colaboración público-privada, porque hay que aprovechar las sinergias y porque es en beneficio del paciente.¿Existe preocupación por el repunte de la deuda y los plazos de pago?Nos seguimos ocupando del tema pero no estamos preocupados. Ahora estamos en 770 millones de euros de facturas pendientes de pago y una media de 70 días, eso supone que hay comunidades autónomas que están en 40 días, con lo cual no se cumple la ley, pero estamos en una situación razonable. ¿Cómo está influyendo la tensión política que se vive en Cataluña en la marcha del sector?Tenemos un porcentaje muy elevado en el territorio de Cataluña y cuando hay inestabilidad e incertidumbre las empresas sufren. Pero realmente están trabajando con mucha normalidad. Hay empresas que han salido, no las tenemos cuantificadas, porque tomaron decisiones estratégicas quizás en el momento más álgido. Pero, a pesar de eso, estamos trabajando con total normalidad. Quizás tenemos menos interlocución con los altos niveles de responsabilidad de la administración, que siempre ha sido un punto de referencia con la que hemos tenido cercanía y entendimiento, quizás hay más distancia, pero estoy segura que ese entendimiento lo vamos a recuperar.