El contrato tiene una duración de cinco años y está valorado en 407 millones Renfe ha rediseñado el contrato de servicio a bordo del AVE y demás trenes de larga distancia para dar más funciones al personal externalizado. El operador ferroviario ha licitado así el concurso de los servicios de restauración y a bordo de los convoyes por 407,8 millones de euros, lo que supone un alza de hasta un 23 por ciento con respecto al contrato firmado con Ferrovial en 2013 y que ha estado salpicado por la polémica y las huelgas por los recortes, los despidos y los bajos salarios. El contrato de la compañía que preside Rafael del Pino, que termina este año, ha tenido una duración de seis años y un presupuesto inicial de unos 399,8 millones de euros, unos 66,6 millones al año, mientras que el nuevo tiene una duración máxima de cinco años (3 + 2 años de prórroga) y un gasto previsto de 81,5 millones al año. Según explican fuentes oficiales de Renfe, la dotación económica del contrato aumenta porque se ha realizado alguna "actualización de importes unitarios" en un momento en el que están aumentando las remuneraciones en el sector público y porque se han incluido "nuevos servicios" como el acompañamiento de menores, que ahora realizan los interventores y que a partir de 2020 pasarán a supervisarlo.También se prevé dejar en manos de los trabajadores de a bordo el cierre de los trenes además de sus tradicionales funciones de recepción y despedida de viajeros, distribución de prensa, auriculares, vídeo, información al viajero, megafonía, ayuda con el equipaje y servicio de cafetería y bar móvil. El incremento de las funciones está siendo criticado por CGT que asegura que Renfe busca reducir la carga de trabajo de los interventores, que tienen sueldos más elevados. El contrato también incluye la explotación de las cafeterías en concesión, por lo que paga un porcentaje de las ventas a Renfe. Los riesgos del contratoPese al incremento en casi 15 millones de euros al año del presupuesto, fuentes del sector aseguran que el contrato tienen sus riesgos y más en un momento marcado por la liberalización del sector en el que Renfe va a apostar por ajustar los costes operativos para poder ofrecer precios más bajos y plantar cara a la competencia. Por ejemplo, los 407,8 millones del contrato son una retribución máxima que se ajusta cada año en función de los servicios realmente prestados. Es decir, que si hay una huelga y no sale el tren o si Renfe decide dejar de dar comidas a bordo en business o elimina el servicio de cafetería los ingresos del adjudicatario bajan. En este punto, no hay que olvidar que el operador está desarrollando un servicio de bajo coste en el que se sustituye la cafetería y el bar por maquinas de vending y que no tendrán clase business para ganar capacidad y bajar precios. Ya hay servicios de Alvia sin estos servicios, lo que afecta a la facturación. A su vez, el contrato está dividido en dos lotes (nordeste, Mediterráneo, transversales, y trenes internacionales por 199,4 millones y sur, este y norte por 208,4 millones) por lo que si lo ganan dos empresas distintas se pierden sinergias de logística y compra de bienes y se encarece la operación. Ferrovial, que sufrió una huelga en 2017 por las condiciones laborales, está estudiando presentarse al concurso mientras ultima la venta de su división del servicios.