El Consejo de Ministros hizo el pasado viernes oficial lo que era un anuncio cantado: la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Impuesto a los residuos nucleares de la central de Garoña implantado por la Junta de Castilla y León, al considerar que se produce una doble imposición fiscal.El Ministerio de Hacienda emitió ya un informe en septiembre del año pasado en el que advertía de la presunta ilegalidad de este impuesto, con el que la Junta recauda 10 millones de euros al año, al considerar que el hecho imponible ya estaba gravado por la administración central.El impuesto fue implantado por el Ejecutivo regional después de que Nuclenor, la compañía propietaria de la central, desistiese de continuar con la actividad. Garoña está desconectada de la red desde 2013 y espera su desmantelamiento.La dudas que generaba el impuesto llevaron al Gobierno a plantear a la Junta de Castilla y León una modificación del mismo para no llevar el asunto a los tribunales. Unas negociaciones que han resultado infructuosas según reconoce el Ejecutivo central.Ahora, avalado por otro informe del Consejo de Estado, el Gobierno ha decidido presentar el recurso ya que el Estado había establecido en los artículos 15 a 17 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, un impuesto sobre la producción de combustible nuclear y ambos tributos recaen sobre el mismo hecho imponible.