La investigación trata de determinar si el delito de corrupción fue general de algunos ejecutivos García Castellón sospecha que los directivos se beneficiaron personalmente de la contrataciónEl juez del caso BBVA apunta a que la cúpula de la entidad conocía y consintió la contratación del excomisario José Manuel Villarejo en vista del beneficio personal y empresarial que le reportaba su trabajo. El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, señala así contra los directivos del grupo financiero en el auto de imputación de BBVA por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. García Castellón ve necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o, si por el contrario, hubo una ausencia de mecanismos de control y se toleraron "prácticas contrarias a la buena fe empresarial", según expuso en el auto del pasado lunes al que tuvo acceso Efe. Según el juez, el hecho de que los directivos de la entidad consintieran la contratación del excomisario para realizar labores de espionaje constituiría corrupción en los negocios, aunque matiza que investigará el recorrido de este delito para aclarar si BBVA contribuyó a mantener las relaciones con Villarejo en beneficio propio o si se trató de una presunta corrupción por parte de "alguno" de los directivos que, por el contrario, pudiera considerarse perjudicial para la sociedad. El magistrado apunta por primera vez en un auto al rol que desempeñó la cúpula de la entidad en la trama de espionaje. No obstante, el pasado mes de febrero, cuando se conoció una posible implicación del banco y de su expresidente con el incendio de la Torre Windsor de Madrid, García Castellón ya señaló que estaba analizando el papel que jugó el expresidente de la entidad, Francisco González, en el caso.Varias áreas implicadasLa Fiscalía Anticorrupción pidió al juez el 24 de julio la imputación del banco por los pagos "presuntamente ilícitos" que el banco realizó al grupo Cenyt, holding empresarial del expolicía, que afectaron a varias "áreas sensibles y a diversos ejecutivos de la entidad" entre, al menos, 2004 y 2017. El Ministerio Público señaló en el informe remitido al magistrado que alguno de los ocho directivos de la entidad imputados habría percibido "dádivas" del entorno de las empresas de Villarejo por la facilitación de tales contrataciones. Las contrataciones a Villarejo, siempre según Anticorrupción, habrían tenido por objetivo el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o investigación de naturaleza patrimonial y "carácter ilícito". Estas labores realizadas por el excomisario serían incompatibles con la condición de funcionario policial en activo que tenía (delito de cohecho activo). Además, en el desarrollo de la prestación de servicios contratados, habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas, mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituiría delitos de descubrimiento y revelación de secretos.Mientras que García Castellón enfoca ahora la mira en la entidad y sus directivos, BBVA admite su derrota en la intentona de personarse como perjudicado en la causa. No obstante, el banco no pierde la esperanza y apunta a que, aunque en esta primera fase de la investigación el juez haya denegado su personación en el caso, si más adelante, cambian las tornas, podría volver a intentarlo. Respuesta de la plantillaPor otro lado, los empleados del banco, a través del sindicato CGT, el que mayor representación tiene entre la plantilla, anunciaron que están analizando la posibilidad de personarse como acusación particular en la investigación judicial del escándalo de espionaje "por todo el daño y descrédito que la nefasta gestión anterior ha ocasionado a la plantilla, que somos los que tenemos que defender a BBVA desde nuestro puesto de trabajo", según informaron en un comunicado. Tras esta decisión del juez de imputar a la entidad, CGT exige al banco "transparencia" con los em-pleados en el caso. "Creemos que están en la obligación de tranquilizarnos, más aún cuando ya existen ocho directivos imputados, uno de ellos forzado a dimitir de Distrito Castellana Norte (empresa participada en un 75 por ciento por BBVA) y que probablemente solicitará el reingreso en la entidad", señalaron los representantes de los trabajadores en alusión a Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte. Para el sindicato, le resulta paradójico que "previsiblemente" el banco articule su defensa sobre que lo ocurrido en relación con la contratación del excomisario José Manuel Villarejo fuera cosa "de una o unas personas concretas por beneficio personal", mientras que mantiene "algunos -escandalosos- privilegios" al expresidente de la entidad, Francisco González. BBVA aún paga la seguridad del banquero.