Uno de los directivos imputados percibió dádivas por facilitar la contratación del expolicíaAnticorrupción señala que los pagos al expolicía afectaron a varias áreas y ejecutivos de la entidadLa Fiscalía Anticorrupción apunta a la existencia de una trama corrupta dentro de BBVA en relación con la contratación del excomisario José Manuel Villarejo. El Ministerio Público señaló ayer que los documentos incautados en los registros practicados en noviembre de 2017 y la información aportada a la causa por BBVA acreditarían que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la compañía Cenyt (propiedad del expolicía) "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal". Asimismo, Anticorrupción indica que alguno de los directivos investigados, además, habría percibido dádivas del entorno del grupo Cenyt a cambio de promover que la entidad contratara a la compañía del excomisario. Ante estos indicios, el Ministerio Público solicitó ayer al magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la imputación de BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. La Fiscalía también pidió al juez que se requiera a la entidad que designe una persona que le represente y le llame a declarar. Por tanto, descarta por el momento la posibilidad de que BBVA pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados y solicita que se desestime su solicitud de personarse como acusación particular.Investigación "ilícita"Las contrataciones del excomisario, según Anticorrupción, habrían tenido por objeto "el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", teniendo en cuenta además la incompatibilidad de los trabajos asumidos por Villarejo como funcionario policial en activo. La prestación de los servicios contratados habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, según el Ministerio. Tras este primer paso de la Fiscalía, ahora el juez García Castellón tiene la pelota en su tejado y tendrá que decidir si imputa o no a la entidad como solicita Anticorrupción. Fuentes próximas al banco ven muy asumible que finalmente sea así. De momento, se desconoce cuánto podría tardar el magistrado en tomar la decisión, máxime, teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil judicialmente, lo que podría retrasarlo a septiembre. No obstante, fuentes jurídicas informan a este diario que cabe una pequeña posibilidad de que la imputación formal llegue en agosto, puesto que "no es tan inhábil" para estos aspectos. De momento, el magistrado mantiene imputados en la trama a ocho directivos y exdirectivos vinculados a BBVA: el exconsejero delegado, Ángel Cano; el exjefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano; el responsable de Control y Datos en Finanzas, Javier Malagón Navas; la directora de Seguridad Corporativa, Inés Díaz Ochagavía; el jefe de equipo de Seguridad, Nazario Cam-po; el consejero de la filial turca Garanti, Ricardo Gómez Barredo; el presidente de Distrito Castellana Norte (firma participada por BBVA), Antonio Béjar; y el director de Red de Banca Comercial, Ignacio Pérez Caballero. Según la Fiscalía, uno de ellos podría haber percibido "dádivas" del entorno de Cenyt, aunque no señala quien. No obstante, cabe destacar que en una de las conversaciones entre Villarejo y Corrochano que tuvo lugar en diciembre de 2009 y a la que ha tenido acceso este diario, el exjefe de Seguridad del banco aseguraba al excomisario que si salía adelante la contratación por parte de BBVA para presuntamente espiar al constructor, Fernando Martín, y al expresidente de Colonial, Luis Portillo, haría después su "acuerdo personal". Responsabilidad desde 2010La imputación del banco en la pieza número 9 de la Operación Tándem no implica la imputación de ningún alto cargo de la entidad. Cabe destacar que el banco solo podrá responder por los hechos ocurridos desde 2010 hacia adelante. El Código Penal solo admite que se investigue una empresa desde ese año, por lo tanto, el banco no podrá afrontar responsabilidades por los años anteriores. Precisamente una de las mayores tramas de espionaje que investiga la Audiencia Nacional fue la que tuvo lugar entre 2004 y 2005.La entidad, presuntamente, encargó esos años a Villarejo frenar el intento de asalto de Sacyr al banco. Para la realización de dichos trabajos, el excomisario intervino más de 15.000 llamadas, entre ellas, a miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero, como el entonces jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, o la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.