El Gobierno aprueba más medidas de apoyo para los autónomos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a dos anteproyectos de ley que contemplan medidas de apoyo a los autónomos y a la economía social, así como una nueva regulación de las sociedades laborales. Se trata de más incentivos para los autónomos y de la ampliación a todos los grupos de edad de la compatibilización del cobro de la prestación con el inicio de una actividad emprendedora durante un máximo de nueve meses.

También se abre a todos los autónomos, independientemente de su edad, la posibilidad de capitalizar en un pago único hasta el 100% de la prestación por desempleo.

Además, este anteproyecto incluye nuevas bonificaciones para empresas de economía social con el fin de facilitar la creación de empleo y la inserción de personas con dificultades o en riesgo de exclusión. 

Según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo, la tarifa plana de 50 euros ha sido "un elemento muy importante para fomentar la actividad" y se extenderá tras la contratación de empleados por parte del autónomo. "Mantenemos la tarifa de 50 euros para aquellos autónomos que, tras iniciar su actividad, contraten a otras personas. También se extienden los supuestos de tarifa plana para víctimas de terrorismo y violencia de género y personas con discapacidad", ha detallado.

Báñez ha anunciado hoy que los autónomos dependientes (Trade), es decir, los que tienen un sólo cliente del que reciben el 75% de sus ingresos, podrán contratar a una persona en caso de conciliación por baja maternal, cuidado de hijo menor de siete años o persona dependiente. La ministra ha insistido en que autónomos y economía social han sido los "principales protagonistas" de la salida de la crisis.

Sociedades laborales

El Gobierno ha dado el visto bueno también al anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, con el que se clarifica y actualiza la normativa que regula este tipo de sociedades para adaptarlas a la nueva realidad económica.

Entre las medidas más destacadas incluidas en este anteproyecto se encuentran la de simplificar y reducir los trámites para constituir una sociedad laboral; facilitar la incorporación de trabajadores en condición de socios y concederles mayor protagonismo y capacidad de control en las decisiones de la sociedad.

Asimismo, el anteproyecto recoge la figura de la sociedad participada por los trabajadores e incorpora los principios de buen gobierno y el impulso de la responsabilidad social en el marco de las sociedades laborales y participadas.

El texto define las sociedades laborales como aquellas entidades mercantiles en las que los socios trabajadores deben poseer, al menos, el 50% del capital social y el 50% del derecho a voto. El número de horas al año trabajadas por los trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido no podrá superar el 50%.

La nueva norma pretende facilitar la creación de este tipo de sociedades a través de la simplificación de algunos requisitos, la reducción de cargas administrativas y la coordinación de registros.