Aragón y Extremadura triplican el plazo legal para pagar a sus proveedores

Aragón, con un plazo medio de pago a proveedores de 103 días en enero, y Extremadura, que tarda 90 días en abonar sus facturas, son las autonomías más remolonas a la hora de saldar cuentas. Eso significa que las dos triplican el período legal -obligatorio, imperativo- de 30 días a que les obliga la Ley contra la Morosidad.

Junto a Aragón y Extremadura, el de Valencia es el tercer Gobierno regional más reacio a liquidar sus deudas, ya que le cuesta 86 días pagar a sus proveedores. Las tres, además, incumplen de forma reiterada el período compulsorio de los 30 días, y hace ya cuatro meses -desde septiembre de 2014- que "superan el plazo de 60 días", según detalló ayer el Ministerio de Hacienda.

Por supuesto, los retrasos de las autonomías a la hora de saldar deudas no son exclusivos de las tres anteriores, ya que en enero pasado fueron 11 las comunidades que se excedieron: Andalucía (45 días), Baleares (41), Castilla y León (57), Castilla-La Mancha (36), Cataluña (42), Madrid (43), Murcia (48) y La Rioja (38). Asimismo, todas ellas, salvo Castilla y León y La Rioja, incumplen la ley desde el mes de septiembre de 2014.

Así, el periodo medio de pago del conjunto de las Administraciones Autonómicas se situó en enero en 50,55 días en enero de 2015. Significa una levísima reducción del 0,55% respecto a los 50,83 días que tardaban en ponerse al corriente con sus proveedores en diciembre de 2014.

Los Ejecutivos autonómicos recalcitrantes en la desobediencia de la ley contra la Morosidad se arriesgan, en última instancia, a que Hacienda les retenga los traspasos del sistema de financiación para pagar esas facturas pendientes. En ese sentido, el Ministerio que encabeza Cristóbal Montoro formulará una comunicación de alerta de acuerdo a medidas automáticas de prevención, con el punto de mira en las tres peor pagadoras.

En todo caso, todas las comunidades rebeldes deben comunicar a Hacienda un plan con las medidas detalladas que están tomando para reducir esos plazos de pago.

Empeoramiento local

Los grandes ayuntamientos empeoraron el 34% su período medio de pago respecto a diciembre debido a las obligaciones de cierre de ejercicio 2014 y al año electoral 2015. Y es que a finales de año hay obligaciones presupuestarias de 2014 imputadas a gasto en 2014, pero que no se pudieron tramitar ni abonarse antes del cierre, por lo que se computaron en enero. Con todo, la tendencia es a la baja, según se apliquen a Presupuesto las citadas facturas, dice Hacienda.

La ley dicta que las corporaciones locales incumplidoras deben arbitrar medidas que generen la tesorería necesaria para abonar a los proveedores. Si el incumplimiento persiste, la Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá fijar medidas cuantificadas de reducción de gastos o incremento de ingresos.