Empleo
CEOE recurrirá el preaviso de seis meses para los despidos colectivos
- El real decreto, aprobado en julio, afecta empresas a partir de 50 trabajadores
- La patronal alega que el cambio se incluyó en la norma sin consultar con los agentes sociales
elEconomista.es
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) recurrirá el real decreto aprobado el pasado mes de julio donde se introdujo la nueva obligación de preaviso de seis meses para las empresas en despidos colectivos de 50 o más trabajadores.
Según explicaron fuentes empresariales, la patronal, que este miércoles tuvo comité ejecutivo, va a llevar ante la Justicia este cambio, que se introdujo en una disposición adicional del real decreto con el que se desarrolló el funcionamiento de los nuevos mecanismos RED de flexibilidad y estabilización del Empleo. Las mismas fuentes señalan que el cambio se aprobó y se incluyó en esta norma sin consulta ni acuerdo con los agentes sociales.
En ese real decreto se estableció que las empresas que pretendan proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo, cuando ello suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de 50 o más trabajadores, deberán notificarlo a la autoridad laboral competente por razón del territorio y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de Trabajo.
La notificación, añade la norma, deberá ser realizada con una antelación mínima de seis meses previos a la comunicación de la apertura del periodo de consultas dirigida por el empresario a los representantes legales de los trabajadores. "En el caso en que no sea posible observar esa antelación mínima, deberá realizarse la notificación tan pronto como lo fuese y justificando las razones por las que no se pudo respetar el plazo establecido", recoge.
El cambio también fija que se remita copia de esta notificación a las organizaciones sindicales más representativas y a las representativas del sector al que pertenezca la empresa.
Formación bonificable
Por otra parte, la CEOE y la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) reclamaron este miércoles al Ministerio de Trabajo que la formación obligatoria para las empresas, como es el caso de la prevención de riesgos laborales, siga siendo bonificable.
En un comunicado conjunto, las patronales señalan que desde que se creó este sistema, se ha aceptado que las empresas puedan bonificarse en las cuotas a la Seguridad Social este tipo de formaciones obligatorias y piden medidas urgentes que corrijan la situación.
Según fuentes empresariales, el cambio de criterio se basa en el principio de que los trabajadores no pueden financiar con aportaciones propias la formación de carácter obligatorio, y, dentro de la cuota de formación (0,7%), las empresas pagan la mayor parte (0,6%), sin embargo, el trabajador contribuye con el 0,1% restante.