España y otros ocho países bloquean la ley Rider europea por falta de ambición

Los Veintisiete siguen sin llegar a un acuerdo sobre la ley Rider europea, que regulará los contratos de los trabajadores de las plataformas digitales como Glovo o Deliveroo. Si la cita de los ministros de Empleo de la UE de este jueves se planteaba como definitoria para dar un empujón a esta directiva, España ha logrado formar una minoría de bloqueo con otros ocho países que ha postergado tales pretensiones al próximo año. Los principales argumentos que se han esgrimido para tal bloqueo fueron la falta de ambición de la norma y que suponía un retroceso en materia de derechos laborales.

La postura de España respaldada por Bélgica, Eslovenia, Portugal, Luxemburgo y Grecia, entre otros, ha impedido un acuerdo sobre la norma en el Consejo, lo que ha frustrado las intenciones de la República Checa, que ocupa la presidencia de turno de la UE hasta finales de año, de sacarla adelante antes de terminar su semestre.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado este jueves a Bruselas con un reclamo: elevar la ambición de la directiva. Un empeño para el cual ha querido que Europa se mire en el espejo de la Ley Rider española que entró en vigor en agosto de 2021. 

La titular de Empleo reclamó tras el encuentro que la directiva incluya "una presunción de laboralidad fuerte, clara, sin derogaciones, sin excepciones", después de que la presidencia de la República Checa, "rebajara" las condiciones de la propuesta de la Comisión Europea.

Lo que el Ejecutivo comunitario planteó a finales del pasado año es regularizar la situación laboral de los trabajadores por cuenta ajena de las plataformas digitales. Una medida que estima afectará a 4 millones de falsos autónomos y que se basa criterios de control por parte de las compañías, ya que analiza si hay directrices en términos de horarios, distribución del trabajo o los criterios de remuneración.

Y es que España defiende una norma más ambiciosa en términos de derecho. Una postura que ya marcó en octubre en una carta que remitió a la presidencia checa y que respaldaron otros siete Estados miembro, entre ellos Países Bajos, Italia o Portugal.

"Hay diferencias entre unos que consideran que hemos ido muy lejos y otros que piensan que habría que acercase más a la propuesta de la Comisión", ha explicado en rueda de prensa tras el encuentro el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit.

Quedará ahora en manos de Suecia, que ocupa la presidencia de turno de la UE en el primer semestre de 2023, alcanzar un acuerdo sobre un expediente que el propio Schmit ha tildado de complicado. Todo ello teniendo en cuenta que el país nórdico ya en marzo fue el único en oponerse a la norma.

La regulación de los trabajadores de las plataformas digitales ha suscitado divisiones y polémicas elevadas a los tribunales en lo que ya cuenta una década. Mientras los partidos de izquierda, apoyados por los sindicados, abogan por regularizar a estos profesionales, los de derechas y las empresas defienden la flexibilidad el modelo laboral.

"Hemos intentado llegar a un compromiso en la reunión del Consejo y por muy poco no hemos conseguido llegar a la mayoría cualificada", ha lamentado en rueda de prensa tras el encuentro el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de República Checa, Marian Jurecka. Aun así, ha apuntado a un acuerdo "en un futuro cercano".

Diaz ha criticado a su entrada al Consejo que la presidencia checa "a lo largo de estos meses haya devaluado la posición" sobre esta normativa, que ha detallado es "clave en Europa" para decir si "la digitalización la tenemos con derechos laborales o no".

Así ha apuntado que el debate radica en si "una persona que transita las ciudades repartiendo en bicicleta en Lisboa, en Roma, en Madrid en Varsovia y lo hace a cambio de un salario y bajo las órdenes de una plataforma digital no es un empleador, es un trabajador o una trabajadora".

Y es que la titular de Trabajo ha hecho hincapié en volver a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que requiere que se cumplieran al menos dos de los cinco criterios establecidos por la directiva para considerar que debe ser un empleado de plantilla con derecho al salario mínimo.

Bruselas propuso también incluir la transparencia sobre los algoritmos que utilizan estas plataformas, de tal manera que los trabajadores y sus representantes puedan conocer su configuración y como aplica a la hora de organizar el trabajo.

En un paso más, Díaz ha detallado que "si el modelo social por el que pasamos es por el de la devaluación absoluta de las relaciones laborales, insisto, creo que ponemos el riesgo el propio espíritu de lo que es Europa".