Necesario control del gasto público

El fracaso de los Presupuestos de 2019 y el adelanto de las elecciones garantiza que la batería de subidas fiscales que el Gobierno diseñó, como único recurso para elevar los ingresos del Estado, queda en la cuneta.

Solo puede constituir una buena noticia que hayan fracasado iniciativas como la que pretendía castigar con dureza a las rentas altas.

Éstas no solo sufrirían unos tipos confiscatorios de IRPF en los ingresos superiores a 130.000 euros anuales. También se enfrentaban a una nueva alza de las bases máximas de cotización. Estas medidas, además, dañaban a las empresas, al desincentivar en ellas el acceso a los puestos directivos y, sobre todo, elevando sus ya altos costes laborales.

Solo el 15% de  los desembolsos previstos se  aprobaron, pero bastan para llevar el déficit público hata el 2,5%

La situación se agravaba aún más para las firmas, considerando los cambios que se barajaban para Sociedades, como establecer una doble imposición en sus dividendos logrados en el exterior. Con todo, pese a que la ofensiva fiscal se truncó por completo, no puede decirse lo mismo de los planes de aumento del gasto del Gobierno.

Estos han quedado también tocados, ya que solo se ha realizado el 15 por ciento de los desembolsos previstos. Pero medidas como el alza salarial de los funcionarios ya requieren una partida extra de casi 1.600 millones, lo que contribuirá a que el déficit termine 2019 en el 2,5 por ciento, el doble de lo previsto, según el Banco de España. Esa cifra aún es inferior al 3 por ciento que exige Bruselas.

El problema es que alimenta una tendencia que, sobre todo en años de desaceleración económica como el actual, amenaza con agravarse y volver a desestabilizar las cuentas públicas. El próximo Gobierno debe establecer entre sus prioridades la corrección de esa inercia y volver a embridar el gasto.