Imprevisión que lastra las CCAA

El fracaso de los Presupuestos en el Congreso y la convocatoria de elecciones dejan a las comunidades autónomas en situación financiera comprometida. Las nuevas medidas ya en vigor para 2019 implican un aumento del gasto de los Gobiernos regionales. Se estima que solo el alza salarial a los funcionarios supone un desembolso extra de 3.000 millones.

En paralelo, la ausencia de Presupuestos no paraliza los pagos a cuenta de las autonomías derivados del sistema de financiación, pero impide su actualización. De este modo, todo apunta a que no recibirán el incremento de 7.000 millones con el que muchas ya contaban para este ejercicio. El frecuente recurso a un decreto-ley no constituye en este caso una solución, dado que la ley apenas deja margen para legislar de este modo en cuestiones de política autonómica.

Tampoco cabe ver una solución en los mecanismos de liquidez extraordinarios aún en vigor, como el FLA y la Facilidad Financiera. Este tipo de fondos no solucionan el problema, ya que su funcionamiento implica elevar más la alta deuda de las autonomías con el Estado. Es más, los nuevos recursos que inyectan sirven casi en exclusiva para sufragar las amortizaciones de ese mismo pasivo. Esta situación, ante la que el Gobierno reconoce que no sabe a qué medio legal recurrir para solucionarla, podría haberse evitado.

El Ejecutivo tuvo la opción de tramitar la actualización, por vía urgente, de las partidas financieras autonómicas a finales de 2018. Ya entonces era evidente que los Presupuestos tenían muchas opciones de fracasar. La imprevisión crea un problema que amenaza la estabilidad presupuestaria del sector público, especialmente en un año electoral en el que las autonomías tenderán a subir el gasto.