El riesgo de las quitas de deuda

El mes pasado, el Gobierno se mostró dispuesto a aliviar la cuantiosa deuda que las autonomías han contraído con el Estado, a través de los mecanismos de financiación extraordinarios que creó durante la crisis (como el FLA o el plan de pago a proveedores). Aún no está claro el protocolo al que recurrirá Hacienda.

La polémica suscitada por el plan inicial de aplicar quitas sobre la deuda total inclinó al Ministerio a limitar las condonaciones a los intereses pendientes. Ahora bien, lo que ya está claro es que el Ejecutivo abrió la veda para que otras Administraciones reivindiquen unos beneficios semejantes.

Así, los ayuntamientos y otras corporaciones locales también recibieron ayudas provenientes de los mecanismos extraordinarios de liquidez y, de hecho, ya reclaman un trato semejante, en cuanto a su pasivo, al que recibirán las autonomías. Es cierto que la situación fiscal de los municipios es en su conjunto muy saneada (llevan años arrojando superávit).

Sin embargo, algunos de ellos, sobre todo los de las grandes ciudades, se encuentran muy endeudados. De hecho, existe el riesgo de que el Estado asuma cerca de 30.000 millones de deuda extra si acepta la reivindicación de los Consistorios. Una cifra de estas dimensiones debería convencer al Ejecutivo del alto coste que suponen sus promesas sobre quitas.

La solución al alto pasivo que autonomías y ayuntamientos acumulan pasa, en primer lugar, por poner freno a su crecimiento mediante la clausura de unos mecanismos de financiación que carecen de sentido en el actual contexto de recuperación económica. Y, en segundo lugar, urge llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica y local, pendiente desde 2014.