Diálogo dentro de la Constitución

Una declaración de independencia temporalmente suspendida: ése fue el desenlace del discurso del president Carles Puigdemont. Proclamar la ruptura era la conclusión esperable del discurso casi desde su inicio, ya que Puigdemont dedicó gran parte de él a recopilar los agravios que ha supuesto para Cataluña una relación con el Estado que "ya no funciona".

Sin duda, Puigdemont apeló a realidades como fue el malestar que causó la suspensión de puntos clave del Estatut de 2006. Con todo, a la hora de revestirse de legitimidad, se aferró al "mandato" que obtuvo de las urnas en 2016 y, sobre todo, del referéndum del 1-O, una consulta a la que, pese a su completa arbitrariedad, aún otorga total vigencia.

Con todo, se cumplieron las expectativas de que Puigdemont se decantara por una solución a la eslovena, consistente en suspender acto seguido la declaración de independencia, para abrir una "época de diálogo". La presión de la fuga masiva de empresas, el daño que ya sufre la economía en sectores como el hostelero y la ausencia de apoyos internacionales ha podido más que la fuerza ejercida por la CUP en pro de una declaración unilateral inmediata.

Ahora bien, estaría fuera de lugar pensar que la situación es en este momento menos incierta. El distanciamiento entre la CUP y Junts pel Sí hace posible otro adelanto electoral. También debe considerarse la falta de concreción del president sobre si acepta negociar, en los próximos "meses", dentro de la ley o aspira a una especie de entendimiento entre Estados. El único diálogo aceptable es aquél que respete la Constitución y que, por parte de la Generalitat, cuente con unos interlocutores legítimos, una condición que ni Puigdemont ni Junqueras cumplen ya.