Editoriales

Medidas de excepción en El Prat


    elEconomista.es

    Han vuelto a fracasar las negociaciones entre Eulen y el comité de huelga de su personal encargado de supervisar las barreras de seguridad en el Aeropuerto de El Prat. El camino está así allanado para que las protestas eleven todavía más su intensidad y se produzcan paros de 24 horas a partir del día 14.

    En esas circunstancias, no puede sorprender que el Gobierno evite permanecer de brazos cruzados ante la perspectiva de que el segundo mayor aeródromo de España se paralice, y vea puesta en entredicho su seguridad. Se trataría de una situación inaceptable en todo momento, pero aún más ahora, en el ecuador de una temporada veraniega histórica, y con la alarma antiterrorista en niveles máximos.

    Por ello, es lógico que la Guardia Civil, última responsable legal de los controles de entrada aeroportuarios, se prepare para sustituir a los trabajadores de Eulen en sus funciones. Es muy posible que la situación lo requiera, ya que la afluencia de viajeros esperada para esas fechas rebasará con facilidad la capacidad de los servicios mínimos. En todo caso, se trataría de una actuación "excepcional y puntual" por parte de la Benemérita para evitar un caos.

    En ningún momento, por tanto, se cuestiona la naturaleza privada del conflicto laboral que enfrenta a la firma presidida por María José Álvarez con sus empleados. Sobre Eulen, en consecuencia, recae toda la responsabilidad de solucionar un enfrentamiento al que no ha sabido dar respuesta adecuada desde que estalló a finales del mes pasado. Llegados al punto de que el Ejecutivo baraje medidas de excepción en El Prat, Eulen no puede demorar más el hallazgo de una solución efectiva para un conflicto de tan graves consecuencias.