Debate sereno sobre las centrales nucleares

El Gobierno tomó ayer la previsible decisión de cerrar la central de Garoña. Esta instalación burgalesa se convirtió en un caso especial dentro del parque español de nucleares. No solo es la más veterana, sino que desde hace años es objeto de una inaudita sucesión de vaivenes políticos y administrativos.

El periplo lo comenzó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que decretó su cierre desoyendo el aval para su continuidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Aún hoy, como recordó ayer el ministro Álvaro Nadal, Garoña está a merced de "batallas políticas", a lo que hay que sumar la discrepancia sobre su futuro que separa a sus propietarias, Iberdrola y Endesa.

En este contexto, no basta con que el CSN siga respaldando su viabilidad técnica. El cierre es la única salida para una instalación que, en su parálisis actual, genera gastos insostenibles. Ahora bien, conviene no apresurarse y concluir que la suerte de esta central es la que espera al conjunto de las nucleares españolas. Es cierto que existen otras dos, Almaraz I y Vandellòs II, que rondan los 40 años de vida útil y cuya licencia de explotación debía renovarse de forma inminente.

Ahora bien, el Gobierno actuó adecuadamente al escuchar las demandas del sector eléctrico y alargar el plazo para solicitar la renovación, de modo que el margen se amplía en dos años. Se trata de un tiempo suficiente para que las eléctricas sopesen qué expectativas de viabilidad tienen las cuantiosas inversiones que las nucleares demandan. Pero, sobre todo, permitirá abrir un debate político sereno, alejado de simplismos, sobre esta forma de energía, la cual todavía es fundamental para reducir las emisiones contaminantes y evitar fuertes encarecimientos de la electricidad.