Una subasta energética al límite

El próximo día 26 el Gobierno llevará a cabo una nueva subasta de renovables. La convocatoria está limitada a la generación eólica y la solar, las cuales pujarán por un máximo de 3.000 megawatios bajo las condiciones que estableció la reforma energética aprobada en la penúltima legislatura. En otras palabras, ya no existe la posibilidad de obtener primas; lo que sí se prevé todavía es el establecimiento de un precio mínimo garantizado, al que pueden sujetarse los adjudicatarios.

En otras palabras, se fija un suelo a los ingresos que estos últimos pueden cobrar, aun cuando el precio del mercado mayorista eléctrico se sitúe por debajo de ese nivel. Ahora bien, ante la nueva subasta, el Ministerio de Energía ha decidido recortar este tipo de retribución. En concreto, para la energía fotovoltaica el descuento se sitúa en el 69,8%, frente al 65,8% anterior; en el caso de la eólica, pasará del 81,9 al 87,08%.

El objetivo del Gobierno es comprensible, en la medida en que busca asegurar el menor precio posible. En el sector, sin embargo, surgen protestas. En concreto, consideran que el recorte es excesivo, en la medida en que no asegura unos ingresos mínimos, capaces de servir como aval a la hora de buscar financiación para los nuevos proyectos. Son quejas legítimas y las empresas son libres de no acudir a la subasta.

Ahora bien, la realidad enseña que las pujas no quedan desiertas; de hecho concurren a ellas firmas, como Forestalia, dispuestas a reducir a cero la cuantía de las ayudas públicas. A nadie puede extrañar que Energía reconozca esa realidad y persiga que la próxima subasta de renovables sea aún más competitiva, estableciendo un punto de partida de las posibles ayudas públicas al límite.