Urge preservar la reforma laboral

Los ataques contra la reforma laboral aprobada en 2012 constituyen uno de los caballos de batalla tradicionales de Pedro Sánchez. No puede extrañar, por tanto, que, entre sus prioridades tras ser reelegido secretario general del PSOE, esté la búsqueda de apoyos parlamentarios con objeto de enmendar la norma que impulsó la ministra Fátima Báñez.

Es muy dudoso que los planes del líder socialista persigan una derogación total. Sin duda, él mismo ha llegado a defender ese extremo en el pasado y se trata de un discurso grato a Podemos, formación partidaria de hacer retroceder la legislación laboral a los años de la primera legislatura del presidente Zapatero.

Ahora, sin embargo, los planes de Sánchez necesitan el apoyo de más partidos, los nacionalistas en particular, y estos, junto con los mismos sindicatos, abogan por cambios parciales en la reforma. Se trataría, por tanto, de modificaciones limitadas, pero su efecto puede ser igualmente perjudicial si impacta en las líneas maestras de la norma, como los cambios en la negociación colectiva.

Con seguridad, Sánchez perseguirá acabar con la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales, achacándole la principal responsabilidad en el auge que el empleo temporal presenta. Medidas como esa supondrían un indudable paso atrás en un país en el que siete de cada diez nuevos puestos de trabajo son creados por las pequeñas y medianas empresas, cuya supervivencia a menudo depende de conseguir una flexibilidad mayor para hacer ajustes que la permitida por los convenios sectoriales.

Resulta innegable que la reforma laboral admite mejoras, pero minar sus líneas maestras supondría desactivar uno de los motores esenciales de la creación de empleo en España.