Políticas fiscales incoherentes

La reducción de la jornada de los funcionarios a 35 horas vuelve a ser objeto de polémica, después de que, recientemente, Andalucía la implantara y Castilla y León iniciara conversaciones con el Gobierno para conseguirlo. No todas las autonomías siguen ese camino, como ayer evidenció el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien dejó claro cuál es el alcance real de esa medida. Se equivocan quienes la reducen a una simple reorganización de horarios en empleos de índole burocrática. Lo cierto es que la gran mayoría de los funcionarios autonómicos trabaja en la sanidad.

Por tanto, reducir la jornada del personal empleado en instalaciones como los hospitales implica, si se quiere mantener la calidad del servicio, contratar nuevos trabajadores para cubrir las horas que quedarán vacantes. En otras palabras, se trata de reanimar el gasto público en un momento en el que equilibrar las cuentas públicas aún es prioritario. Existe además el agravante de que el mayor desembolso se dará en un sector, el sanitario, aún muy deficitario y en unas autonomías que tienen importantes asignaturas pendientes en materia de contención del gasto.

Véase, por ejemplo, cómo Canal Sur aún costó a los andaluces 161 millones en 2016, pese a que su audiencia cayó por debajo del 10%. De hecho, estos entes aún absorben casi 900 millones en subvenciones, ignorando el creciente desapego de los televidentes. Ahora bien, la mayor incoherencia radica en que, precisamente, algunas de las autonomías que más defienden volver a subir el gasto son las que se permiten criticar la política fiscal de otros territorios, como Madrid, cuya eficiencia les da margen para bajar impuestos y atraer empresas y riqueza.