El 'deshielo' que Cataluña necesita

Cataluña alcanzó una situación financiera límite en 2016. Su deuda llevaba meses en el nivel de bono basura pero, en mayo, Moody's llegó más lejos al atribuirle la nota Ba3. A partir de ese momento, las tres grandes calificadoras mundiales (un grupo que completan S&P y Fitch) certificaban que la solvencia catalana era la peor que un territorio integrante del Estado español ha mostrado en toda su historia, y la situaban a la altura de Angola. Las tres grandes también coincidieron en atribuir una perspectiva negativa al bono catalán.

En otras palabras, son posibles más degradaciones hasta la triple C, equivalente al impago y al cierre de la financiación en los mercados. El veredicto de las calificadoras no ha variado en los últimos meses y sigue siendo demoledor. Sin embargo, ha habido algunos cambios en la percepción de la solvencia catalana. Así, el interés de su papel con vencimiento en 2020 se ha reducido a la mitad desde marzo hasta la actualidad, pasando del 4,7% al 2,5%.

No es casual que precisamente en ese periodo el Gobierno central, no sólo garantizó el apoyó financiero a la Generalitat, sino que también ha propiciado varios acercamientos, sobre todo desde que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha hecho cargo de las relaciones con las autonomías.

La caída del cupón del bono catalán en los mercados demuestra que Cataluña mejora sus expectativas. El Ejecutivo de Carles Puigdemont no debería desaprovechar esta evidente mejoría. Por ello, la prioridad de sus esfuerzos políticos tiene que ser ahondar el en el deshielo con Moncloa, y no dilapidar la confianza que Cataluña recupera afanándose en mantener los vínculos con los radicales de la CUP.