El gasto sanitario, aún un problema

Antes de dejar el Ministerio, el ya extitular de Sanidad Alfonso Alonso aprobó una medida que supondrá un importante recorte, en algunos casos de más del 50%, en el precio actual de 1.015 medicamentos de los que se consideran de "uso común". Con esta iniciativa, el Gobierno espera reducir su desembolso anual destinado a fármacos en más de 125 millones de euros en cada ejercicio.

Esa bajada, sin duda, contribuirá a que España sea fiel al compromiso contraído con Bruselas de aplicar a esta partida presupuestaria una mengua en el entorno de los 1.000 millones. Además, es indudable que los pacientes se verán beneficiados por unos menores desembolsos en medicamentos cotidianos, aunque tampoco cabe exagerar el impacto en el consumidor. De hecho, en la mayoría de los casos, la reducción del precio final será de unos pocos céntimos.

En paralelo, es necesario reconocer que no todos los sectores ganan con la medida. Especialmente las farmacias tendrán que encajar un mayor recorte en unos márgenes de negocio ya tocados, después de años en los que Sanidad ha recurrido en varias ocasiones a las rebajas de precios de los medicamentos para ajustar el gasto público del sistema.

La preferencia por esta medida no puede extrañar, puesto que ofrece a las Administraciones una vía de ahorro que no requiere decisiones impopulares, que impliquen un mayor coste político. Ahora bien, el problema de la insostenibilidad del actual gasto sanitario público ha alcanzado una magnitud que la reducción del precio de los medicamentos, por sí sola, no puede solucionar. Abordarlo con seriedad demanda decisiones más valientes, como poner en valor la eficiencia que la gestión compartida público-privada entraña.