La amnistía fiscal aún es un escollo

Cuatro años después de su aprobación, la amnistía fiscal vuelve a generar polémica. La regularización de 2012 marca desde ayer las negociaciones que Ciudadanos y PP mantienen con objeto de lograr un pacto de investidura. En concreto, el partido naranja sitúa entre las condiciones para su sí a Mariano Rajoy que el fisco reclame 2.800 millones más al total de personas que acudieron a la amnistía, a lo que los populares se niegan.

La petición no es una ocurrencia de última hora, puesto que se halla en el programa de Ciudadanos desde 2015. Además, tiene base legal. Originalmente, la regularización establecía que debía pagarse el 10% de los bienes declarados. Con todo, la Dirección General de Tributos dictaminó después que ese gravamen no se aplicara sobre los activos aflorados, sino sólo sobre sus rendimientos en los cuatro años anteriores a la amnistía.

El efecto del cambio fue reducir el tipo efectivo al 3%. Los 2.800 millones que reclama Ciudadanos son los necesarios para cubrir la diferencia entre ese porcentaje y el 10% inicial. Pero subsanar ahora esa brecha será muy difícil, por lo apurado de los plazos y las dudas sobre su retroactividad. A ello se suma la inevitable cautela que el PP muestra ya que, al igual que ocurre con las exigencias de Ciudadanos acerca de los investigados sobre corrupción, sitúa al partido en una posición delicada.

Lo único claro, por tanto, es que la amnistía es aún fuente de problemas por lo equivocado de su planteamiento. Ya en 2012 supuso un alto desgaste, a lo que luego se sumó su escasa recaudación y el descrédito que originó ver implicados apellidos como Bárcenas y Rato. Ahora, además, amenaza un pacto de investidura (y presupuestario) clave para que España supere la parálisis.