La losa de las autopistas quebradas

El problema de las autopistas quebradas se halla en punto muerto desde hace un año, un tiempo en el que las conversaciones entre las concesionarias y el Gobierno se paralizaron. Mientras, la vía judicial se mantiene abierta en la medida en que las infraestructuras van entrando en concurso, y el Ejecutivo recurre las sentencias.

En este contexto de enquistamiento, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, formuló ayer una posible solución que supone todo un ejercicio de realismo. No merece calificarse de otro modo una iniciativa que asume, por primera vez, que habrá que pagar a las propietarias de las autopistas, por causa de la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA).

Tras ese desembolso, de 3.344 millones, el Estado sería el propietario de las autopistas, pero temporalmente, pues su verdadero objetivo sería sanearlas y acabar devolviéndolas al sector privado. Con todo, la relicitación plantea dudas, en la medida en que es muy real la posibilidad de que las autopistas regresen al mercado a un precio muy inferior a aquél que el Estado pagó en concepto de la RPA.

Pero, sobre todo, la mayor duda la plantea el hecho de que todo el plan depende de que se dé una condición que ahora resulta imposible garantizar; esto es, que el PP sea capaz de formar Gobierno después de las elecciones de este domingo, y tenga músculo suficiente para tomar decisiones de este tipo.

En otras palabras, de momento sólo existe una certeza en este ámbito: el problema de las autopistas quebradas, derivado de una cuestionable aplicación de la RPA, es una losa que heredará un Ejecutivo previsiblemente débil, por lo que existe un gran riesgo de que su coste impacte sin compensación en el déficit público y, por ende, en el contribuyente.