Sin base para el victimismo de Mas

Junts pel Sí y la CUP redoblaron el órdago soberanista la semana pasada y, para justificar un movimiento tan extremo como "iniciar la desconexión de España", su entorno tuvo que desempolvar una vez más el repertorio de agravios infligidos por el Estado. Uno de los más invocados sigue siendo el presunto maltrato fiscal que esta comunidad sufre. Y, en ese clima de opinión, la Generalitat, se ha creído legitimada para reclamar cerca de 2.300 millones al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La demanda llega cuando Hacienda está calculando cuál es el remanente que aún se halla disponible en el FLA para proceder a repartirlo.

Nada hay de extraño en ese proceder; se ha actuado de igual forma en todos los cierres de ejercicio, desde que el Fondo está vigente. Cataluña siempre ha participado en el reparto y 2015 no será una excepción: de acuerdo con Hacienda la liberación de los recursos llegará en "cuestión de días" y es también probable que la Generalitat reciba la cuantía misma que reclama, 2.300 millones. Es una cifra elevada, el 33% del remanente total, pero en línea con la proporción de recursos del FLA de la que Cataluña se ha beneficiado a lo largo de la recién terminada legislatura.

Todo indica, por tanto, que el Gobierno de Artur Mas está sobreactuando, para justificar la intensificación de su deriva secesionista, y que los flujos de financiación procedentes de Hacienda mantienen la normalidad de los últimos años. Por lo tanto, la situación límite en la que se encuentra la prestación de servicios públicos en Cataluña no puede ser achacada, como de forma victimista hace Mas, a un nuevo agravio; muy al contrario, la gestión misma de la Generalitat tiene mucho que ver en ello.