Madrid frente a Cataluña

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, continúa redoblando su apuesta por dotar a Cataluña de estructuras de Estado, con independencia del coste que supongan para los catalanes. Al proyecto de poner "a punto" la Hacienda catalana, el president suma su propósito de mantener en pie el complejo entramado de empresas públicas ya existentes y asegurar su control sobre ellas. Es el caso del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), un organismo que la Generalitat considera su banco público.

Por la vía rápida, Mas ha impulsado una reforma del ICF que le asegura poder nombrar directamente seis consejeros, sobre un total de 11, con objeto de evitar una excesiva presencia de ERC en este organismo tras las elecciones del 27-S. El hecho de que el Instituto no tenga siquiera licencia bancaria para operar constituye un detalle nimio para la Generalitat, más preocupada por sus planes de continuar avanzando hacia la secesión.

Ésta es aún hipotética, pero lo que es real es la incertidumbre que genera, causante en gran parte de que 6.400 empresas catalanas hayan abandonado la autonomía desde 2008. Igualmente indudable es que los pasos a la independencia se están financiando con un aumento del gasto y de la presión fiscal, ya insoportable. No en vano, en Cataluña, el tipo impositivo máximo del IRPF alcanza niveles propios de los países nórdicos.

En paralelo, regiones como Madrid llevan años recorriendo la senda opuesta y, además, su presidenta, Cristina Cifuentes, reitera su compromiso de bajar un punto el tramo autonómico del IRPF. Madrid marca la pauta que Cataluña debería seguir y que hace que una gran parte de las empresas huidas de Cataluña se establezcan en la capital española.