Una desindexación todavía incompleta

La esperada Ley de Desindexación entró ayer en vigor. La norma desliga numerosos precios públicos y privados del IPC y responde al clamor popular de evitar la volatilidad de los efectos inflacionarios de segunda ronda.

Sin embargo, la medida está incompleta ya que ahora el Gobierno debe desarrollar, en cuatro meses, un decreto que clarifique las condiciones en que arrendadores y arrendatarios pactarán la evolución del precio del alquiler, el cual tomará como referencia un nuevo instrumento, el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

Es un período en el que se generará una inseguridad jurídica, que se habría evitado si el INE hubiese ido calculando referencias, en los meses anteriores, que ahora servirían de guía para aplicar el IGC.