Resistencia adecuada de Pastor ante la presión de ACS

TP Ferro, la concesionaria del AVE a Francia, ya se encuentra en preconcurso de acreedores. De esta manera, ACS, participante al 50% en ella junto con Eiffage, avanza un paso más hacia el objetivo de cubrir los costes derivados de un proyecto fallido gracias a una indemnización del Estado.

TP Ferro ya arrastra una deuda de 428 millones de deuda y la manera más cómoda de enjugarla es, sin duda, forzar un rescate. El Ejecutivo ha sabido detectar la estrategia y su primera reacción resultó adecuada. Así, las pretensiones de Pérez de que Fomento inyectara a fondo perdido 100 millones en TP Ferro se han estrellado contra la rotunda negativa de la ministra Ana Pastor.

El preconcurso no es, por tanto, más que la manera que ha buscado ACS para demostrar que está dispuesta a llegar hasta la suspensión de pagos de la concesionaria y la activación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), aprovechando que la banca acreedora ve con buenos ojos esa salida, ya que renegociar su acuerdo con la constructora española e Eiffage supondría una quita. En este contexto, Fomento debe seguir resistiendo la presión y evitar que se reedite el fiasco del Castor.

La hibernación de ese almacén de gas se saldó con un nulo coste para la constructora, de nuevo ACS, en la medida en que el Estado ha asumido las pérdidas. La empresa ha demostrado sobradamente que sabe obtener cuantiosos réditos de un mecanismo legal, la mencionada RPA, cuya razón de ser merece ser revisada. Como el Castor enseñó de forma clara, los tiempos de las concesiones públicas en las que el concesionario siempre gana, ya que es la Administración la que verdaderamente arriesga, deben llegar a su fin.