El control que la formación necesita

El descontrol en la gestión de los fondos públicos destinados a la formación de trabajadores y parados ha sido flagrante en España, y ha generado una más que comprensible indignación en el país occidental cuyo mercado laboral más ha sufrido, en proporción, los embates de la crisis. Escándalos como el megafraude orquestado en Andalucía por UGT y empresas afines a la Junta, o el caso Aneri en Madrid, dan una idea clara del alcance del problema, pero éste está lejos de agotarse en entramados localizados.

El propio mecanismo de gestión y reparto de las subvenciones para la formación ha fomentado los desmanes. Estos sólo pueden proliferar cuando quienes deciden cuánto cuestan los cursos, son los mismos que los imparten: los agentes sociales. Empleo contribuye a romper ese círculo vicioso al reformar el sistema de reparto de fondos, hasta el punto de que este departamento determinará cuál es el precio de la formación que soliciten las empresas, de acuerdo con un sistema de módulos, en función de las horas y el número de participantes.

El control se estrecha gracias a que, fijado el coste, el Ministerio subvenciona el curso, no mediante un simple desembolso, sino haciendo a la empresa beneficiaria de descuentos en el pago de sus cotizaciones sociales. También hay mejoras para los parados: dispondrán de un cheque-formación y la posibilidad de gastarlo en el curso, dentro de un repertorio homologado, que más los cualifique. Los trabajadores y desempleados saldrán ganando con estos cambios. También la patronal y los sindicatos, dado que se verán obligados a competir. Es una reforma necesaria, por lo que no se explica que salga adelante mediante decreto-ley, sin apoyo de las demás fuerzas políticas.