Ocasión perdida en el sector público

El pasado junio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró a los dirigentes de su partido que el tiempo de los ajustes había llegado a su fin. Las cifras delatan que la afirmación de Rajoy se encuentra plenamente vigente, en especial en lo que concierne a las plantillas de las Administraciones. La radiografía más exacta del mercado laboral español, la EPA, revela cómo en el segundo trimestre de este año se crearon 8.900 empleos públicos en escala intertrimestral, al tiempo que pone de manifiesto que, en lo que llevamos de 2014, ha quedado rota una tendencia de tres años de reducciones. Es conocida la argumentación defensiva que esgrimen el Gobierno y los sindicatos: el grueso del ajuste ya se ha producido, con una intensidad tal que, si continúa, dejará descabezado al sector.

La muy abultada cifra de casi 400.000 empleos públicos destruidos sólo en los tres últimos ejercicios parece respaldarlos. Ahora bien, el número apenas explica nada; es más, ensombrece el hecho de que, en su mayor parte, ese recorte no ha sido fruto de una estrategia meditada de optimización de la función pública; muy al contrario, es resultado de una simple reacción ante una coyuntura adversa que ha centrado su influjo en la parte periférica de la Administración, la ocupada por los trabajadores eventuales e interinos. A poco que la recuperación se ha dejado sentir, la EPA revela que prácticamente todas las Administraciones, sobre todo el Estado, se lanzan a aumentar personal, dejando el trabajo a medio hacer, cuando no una oportunidad de reforma completamente truncada. Será difícil retomarla en un año electoral como 2015 o a lo largo de una próxima legislatura que se presenta incierta.