El fondo público de pensiones, paralizado siete meses después por la retribución de sus consejeros

El fondo público de pensiones se erigió como el gran proyecto de José Luis Escrivá para impulsar el ahorro colectivo con el apoyo del sector público y de las gestoras de previsión social privadas. No obstante, los plazos y objetivos marcados para el arranque de este ambicioso proyecto no se están cumpliendo. El ministerio de Seguridad Social ha tenido que corregir el reglamento de los planes y fondos de pensiones hasta en tres ocasiones en año y medio. La última, en junio de este año. Así con todo, el 'macrofondo' de pensiones que aspiraba a contar con 4.000 millones en su primer lustro sigue estancado por la política retributiva de los consejeros de la Comisión de Control Especial.

Los interlocutores sociales que forman parte de este organismo supervisor –CEOE y Cepyme por la parte empresarial y UGT y CCOO por la parte sindical- quisieron realizar una serie de modificaciones que llegaron fuera de plazo y que desarticulaba en cierta medida el concepto inicial que ideó el ministro Escrivá para esta comisión de control, similar a los consejos de administración. Los supervisores de este fondo público están nombrados a reparto por el Ministerio (5), CEOE y Cepyme (2 cada uno), UGT y Comisiones Obreras (2 cada uno).

El articulado actual establece que la retribución de los consejeros, que han sido nombrados de forma personal por las asociaciones a las que representan para buscar cierta independencia, tienen una retribución fija de 3.375 euros al mes en doce pagas más un extra por reunión de 1.390 euros, además de algunos bonus por reuniones no agendadas. La patronal y los sindicatos plantearon al Ministerio la voluntad de que las retribuciones definidas las cobre la asociación (empresarial o sindical) con carácter de institución en vez de la persona nombrada para el cargo.

Además, la propuesta extemporal de los interlocutores sociales planteaba el deseo de tener un mayor control en la política de nombramientos de estos consejeros. Es decir, un mayor mandato para 'hacer y deshacer', según fuentes conocedoras. Estos dos aspectos, pendientes de corregirse mediante una Orden ministerial, bloquean el arranque de fondo público de pensiones.

El antiguo ministro de la Seguridad Social elaboró la modificación de la legislación la segunda mitad de su mandato a la vez que buscaba hacer más atractivos los planes de empleo frente a los individuales, que han quedado relegados a un segundo plano por sus menores beneficios fiscales. Las elecciones de verano de 2023 obligaron a aprobar el reglamento de forma exprés y de forma incompleta, a la vista de las modificaciones, apuntes y mejoras a las que se ha debido someter el texto en el último año ahora con la ministra Saiz.

En junio, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tuvo que cambiar el texto para aplazar el momento en el que cobrarán los miembros de la Comisión de Control Especial. Paradójicamente, el sueldo de los consejeros se repercute sobre el patrimonio de estos fondos públicos de empleo que manejarán las gestoras, incluso si el ahorro es nulo como ocurre en la actualidad. Así, el departamento de pensiones tuvo que rectificar para establecer que los consejeros podrán cobrar solo cuando el patrimonio conjunto de dichos fondos alcance los 1000 millones de euros y mientras se mantenga dicho importe. Antes, sin dinero no se les podía pagar y no podían reunirse.

Otro error legal paraliza la puesta en marcha de este proyecto: el reglamento de planes y fondos de pensiones no recoge de forma expresa la posibilidad de comercializar planes de empleo en el ámbito empresarial, tal y como publicó ABC. Esta figura sería vital para desarrollar los planes del segundo pilar y conseguir que cale entre el tejido empresarial más allá de su concepción en los convenios colectivos.

Un objetivo de 4.000 millones y siete meses de atraso

Según se desprende la memoria justificativa de la licitación pública, que firma la secretaría de Estado de pensiones, el patrimonio previsto en este instrumento de ahorro generado por las aportaciones de aquellas empresas que se sumen al plan que promoverá el Estado será de 4.000 millones de euros en cinco años. Las gestoras ganadoras del concurso fueron Caser Pensiones, Santander Asset Mangement, Ibercaja Pensión, VidaCaixa y BBVA.

La plataforma digital común, que es el servicio informativo para los usuarios y los promotores de los planes, está lista para ser lanzada desde comienzos de año. Sin embargo, los mencionados lastres encontrados en el camino, además de una cierta inacción del Gobierno, están complicando el inicio del ahorro: ya lleva siete meses. Deberán alcanzar unos ambiciosos objetivos las citadas gestoras durante el próximo lustro, una vez eche a andar el proyecto que integrará planes de pensiones simplificados, con especial atención a los planes sectoriales, a las pymes y a los autónomos.

Fuera del fondo público, la maquinaria de los nuevos planes de pensiones parece engrasar tras aumentar el número de partícipes en 337.000 en el primer trimestre del curso, según datos de Inverco. Estos ahorradores provienen mayormente del sector de la construcción. Los planes de empleo acumulan ya algo más de 2,4 millones de personas y el objetivo son 10 millones de ahorradores. Para ello deberán incorporar a varios negocios: el metal, la hostelería, grandes almacenes o agencias de viajes.

El mayor plan de pensiones de empleo de España, el de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con medio millón de empleados del sector público que no reciben aportaciones desde 2011. El objetivo de recuperar este plan por parte de Escrivá está de nuevo paralizado y, de hecho, depende más de Hacienda que de su actual cartera, Función Pública. Con su desbloqueo, además de aumentar el patrimonio de los planes de empleo, se podrían sumar hasta 1,5 millones de empleados del sector público.