FJI/Precarios exigen la ejecución del EPIPF y la aplicación inmediata de la subida salarial

Tras más de dos años de negociaciones con distintos gobiernos, el pasado 15 de marzo entró en vigor el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF). A pesar de que la Ley de la Ciencia había previsto la creación de un Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) y que su publicación acumulaba ya un sexenio de retraso, la noticia pilló por sorpresa a gran parte de la comunidad científica. El anuncio de unas elecciones generales hacía esperar una parálisis indefinida en su tramitación y pocos esperaban su publicación a principios de marzo por parte del Consejo de Ministros.

La noticia de su inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado fue recibida con disparidad aunque, en general, los trabajadores predoctorales acogieron el anuncio con optimismo.

La publicación, no obstante, no fue la que se esperaba por este colectivo. Sí, había subida del salario mínimo durante los dos últimos años del contrato, pero el EPIPF mostraba muchas carencias importantes, incluso comparándolo con la nota del Consejo de Ministros publicada 15 días atrás, los 16.422€ prometidos habían desaparecido, y el EPIF, pasaba a ser EPIPF, añadiendo "predoctoral" al título limitando así su campo de actuación. Las universidades y OPIs pronto notaron que el EPIPF solucionaba el problema presupuestario cargando el gasto a los propios centros de investigación donde estuviera contratado el trabajador, librándose las cuentas estatales de los gastos adicionales que acarrea la medida (ver disposición adicional 4º del EPIPF).

Los investigadores predoctorales aceptaron la medida  pero a la vez contentos de que existiera por fin un marco regulador para su situación. No en vano, suponía un aumento de sueldo progresivo, que aumentaría según el año de contrato en el que estuvieran, cobrando en base al Grupo 1 de personal laboral, de un 56% el primer y segundo año, a un 60% en el tercero y un 75% en el cuarto (lo que se traduce en una horquilla de entre 17.023€ y 21.279€). Esto representa un aumento significativo, sobre todo en los últimos años de contrato, que entró ya en vigor a partir del 15 de marzo.

Las universidades y OPIs se han encontrado súbitamente con un gasto no contemplado que habían de asumir, y ante el que no parecían estar preparados. Ante este panorama, y a la espera de que sus gabinetes jurídicos den respuesta a si se pueden negar o no, la subida se ha paralizado de forma unilateral por parte de las universidades, y la CRUE parece no querer pronunciarse oficialmente.

Al final, los perjudicados son los jóvenes científicos. Mientras que el nuevo Salario Mínimo Interprofesional es aplicado de manera inmediata a todos los trabajadores, los científicos sin plaza permanente son tratados como ciudadanos de segunda y las instituciones eligen no aplicarles la ley de forma flagrante. La ejecución de esta normativa se hace incluso más urgente para aquellos predoctorales que están próximos a finalizar su contrato, ya que la prestación por desempleo se calcula en base a los 6 últimos meses cotizados.

Desde la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJI/Precarios) entendemos que son las universidades y los centros de investigación los responsables de aplicar la subida salarial acordada y que la ley, ha de cumplirse. Entendemos que la CRUE tiene ahora una oportunidad excelente para demostrar que está realmente con la gente que mantiene en pie sus universidades. Durante la negociación manifestaron estar siempre del lado de los investigadores, y por eso pedimos que ahora den un paso más e indiquen cómo y cuándo va a acatar el EPIPF. Como todos los ciudadanos y organizaciones de este país, tienen la obligación de acatar las leyes y actualmente, el Real Decreto conocido como EPIPF y que marcaba unas mínimas mejoras salariales para los investigadores, está siendo ninguneado por este organismo.

Desde la FJI/Precarios exigen la ejecución del EPIPF y la aplicación inmediata de la subida salarial, de manera retroactiva. Los derechos de los investigadores han sido vulnerados durante más de seis años; no se puede entender que una de las partes que debería estar más involucrada en la defensa de sus trabajadores, elija ahora incumplir la ley que los defiende.