Un nuevo decreto regulará el acoso escolar en los colegios de la Comunidad de Madrid

Diego de 11 años, Alan de 17 o Arancha de 16, son los nombres de algunos jóvenes que marcaron un antes y un después en el acoso escolar. Cualquier forma de conducta agresiva producida entre escolares con una clara intención por parte del acosador, y que se produce de forma reiterada a lo largo del tiempo recibe el nombre de bullying o acoso escolar y, en muchas ocasiones, ya no solo se da en el Centro Educativo, sino que se manifiesta a través de medios electrónicos y de comunicación como el correo electrónico o las redes sociales. Este problema puede afectar a más de un millón de alumnos en España y cada vez es más necesario intentar revertir la situación.

La Comunidad de Madrid ha dado un paso al frente y ha sacado adelante un nuevo decreto que regulará la convivencia en los centros educativos, que tendrán que informar a la Fiscalía o al organismo correspondiente en función de la gravedad de los hechos. No solamente los profesores deberán denunciar ante cualquier indicio de violencia, sino que los alumnos que callen estarán cometiendo una falta grave, pudiendo ser sancionados desde un día sin recreo hasta una expulsión de clase de cinco días. En la medida también se integran al personal administrativo y de servicios, así como a los empleados de comedor o a los trabajadores de limpieza. La dirección del centro tendrá plena autoridad para requisar teléfonos móviles u otros dispositivos que se puedan utilizar para atentar contra la intimidad de las personas. Este nuevo decreto de convivencia entrará en vigor en las aulas madrileñas durante el curso 2019/2020.

Los expertos en esta área consideran positivo que se fomente la colaboración de los estudiantes para detectar a las víctimas y ayudarlas. Los colegios madrileños deberán contar con un plan de convivencia en el que se contemplen medidas para la prevención y la actuación ante el acoso. En el proyecto de decreto se clasifican las distintas faltas en las que se puede incurrir el alumno, desde las leves hasta las muy graves. En concreto, hay 14 que se consideran graves, entre ellas, las faltas reiteradas de puntualidad o asistencia injustificadas; actos de indisciplina; robo a miembros de la comunidad educativa o la omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso que puedan poner en riesgo la integridad física o moral de otros miembros.

En el caso de las familias, se incluye el deber de fomentar en sus hijos o tutelados una actitud "responsable" en el uso de tecnologías de la información y comunicación, para lo cual se pide que se preste atención a los hechos que puedan estar relacionados con el ciberacoso. El uso de las nuevas tecnologías en edades tempranas puede influir de forma muy negativa en el desarrollo de las capacidades de los más jóvenes, por ello, es necesario una estricta formación sobre el uso de datos personales en la red, así como de compartir información privada.

La Comunidad de Madrid aprobó en el año 2016 un plan de lucha contra el acoso escolar con medidas para evitarlo y erradicarlo de forma inmediata en cuanto se tuviera conocimiento de estas situaciones. También incluía una atención inmediata a las víctimas y a sus familias, así como la asistencia y formación permanente al profesorado y a las familias. En este nuevo decreto se menciona la obligación de fomentar y hacer respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.

Plan de atención a algunos colectivos

La iniciativa pone el foco en el docente a la hora de recibir la colaboración e información necesaria por padre de los familiares, así como de informar de la situación cuando se corresponda. Se subraya que el profesorado tiene condición de autoridad pública y que su actuación está sustentada por el principio de veracidad.

En la Conserjería de Educación recalcan que con la aprobación de la nueva normativa se pondrá en marcha también un plan de atención a la diversidad por la "vulnerabilidad" de algunos colectivos, como es el caso de los niños autistas, acoso físico o psicológico. En el curso 2016-2017, según datos de la Comunidad de Madrid, se denunciaron 111 casos de bullying en centros escolares de la región, un 38% menos que el año académico anterior, cuando se puso en marcha el programa para su detección.

Las reacciones a esta iniciativa no tardaron en aparecer. Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA) son muy críticos. Su portavoz, Leticia Cardenal, explica: "Nos parece fatal este decreto y creemos que deben replanteárselo, porque estamos educando a los niños y no podemos incorporar la frase: o te chivas o te castigo. Desde luego esto no favorece la convivencia en positivo desde nuestro punto de vista". Pedro Caballero, portavoz de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), manifiesta: "Estamos reclamando que de verdad se empiece a trabajar en este sentido y ver si podemos realmente desarrollar un protocolo de actuación a nivel nacional, para que los centros sepan cómo actuar ante una situación de acoso o violencia".