Aumento de agresiones a docentes según el informe "El defensor del profesor"

Hoy se ha hecho público el informe del Defensor del Pueblo en el que se muestran desde hace 13 años los datos más significativos que las intervenciones, realizadas con los docentes de varias comunidades autónomas, en relación con la situación de convivencia escolar. Este recurso, exclusivo del sindicato ANPE, es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas.

Se puso en marcha en el año 2005 como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado como llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar. Es un servicio abierto a todos los docentes, operativo en todas las comunidades autónomas, así como en las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, con el objetivo de favorecer la atención personalizada ante la solicitud de ayudas.

El Defensor del Profesor de ANPE ha atendido más de 2.000 casos en el curso 2017/2018, de los cuales el 44% corresponde a profesorado de Primaria, el 39% a Educación Secundaria, el 7% a Infantil y el resto se reparte en otras enseñanzas. En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen los correspondientes a los alumnos, los que provienen de la interacción con los compañeros de profesión y los relacionados con los padres: en cuanto a los alumnos es necesario destacar un incremento en las agresiones a profesores, que aumenta del 12% al 13%, y problemas para dar clase, del 20% al 21%, mientras que se reducen significativamente las situaciones de ciberacoso.

En relación con los padres, se mantienen estables la mayoría de variables recogidas, a pesar de que sí que se observa un aumento de faltas de respeto, que pasan del 25% al 26%. En lo relativo a los problemas relacionados con los compañeros, se observa un aumento en los problemas con la aplicación del Reglamento de los centros y con los equipos directivos, que están relacionados, en la mayoría de los casos con los conflictos anteriores. Los demás problemas permanecen estables.

Según el informe, las consecuencias de las situaciones destacadas conllevan un importante coste emocional para el docente, lo que en muchas ocasiones lleva a un deterioro de la salud mental de maestros y profesores.  El 74% de los casos atendidos presentaban unos niveles de ansiedad impropios de la tarea a realizar, un 13% mostraban síntomas depresivos y un 11% estaba de baja laboral, hay que destacar que 16 personas se han visto obligadas a dejar la docencia.

Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con el que interactúa el profesor agredido.

Desde su puesta en marcha se ha venido demostrando la necesidad de un servicio de estas características. Las cifras, en este tiempo, hablan de 34.717 casos atendidos. Se trata de docentes, fundamentalmente de la enseñanza pública, que en algún momento de su actividad laboral han sufrido actos contra su persona, incompatibles con la convivencia escolar e inaceptables en una profesión de este calado social.

ANPE, sindicato exclusivo de la enseñanza pública, considera prioritario el establecimiento de unas normas claras, que regulen la convivencia escolar en las diferentes comunidades autónomas, y que favorezcan una verdadera interiorización de valores, actitudes y normas en los alumnos y en el conjunto de la sociedad.

Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, que debería contar con la reactivación del Observatorio estatal y los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar; un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de un hecho que pudiera ser constituido como delito; una actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia y un compromiso, por parte de la administración, para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores, entre otros.

Este Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar debe ser liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación.

Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y la administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa.