El Gobierno declara "secretos" los contratos públicos suscritos entre los bancos y el ICO sobre los préstamos estudiantiles

El Gobierno ha acordado denegar el acceso a la información solicitada en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado por la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad en relación con los convenios suscritos entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Empresa, y las entidades financieras colaboradoras en el programa público de préstamos universitarios.

El rechazo de esta petición, acordado mediante resolución del ICO, se justifica por que la entrega de los contratos socavaría los intereses económicos y comerciales de las entidades financieras al resultar de aplicación la Directiva de Secretos Comerciales: "Facilitar tales contratos vulneraría los intereses económicos y comerciales del ICO y entidades firmantes (tal y como se definen en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas)". Además, la resolución denegatoria afirma que "dichos contratos están protegidos por la confidencialidad, por lo que no disponiendo de la autorización de las entidades firmantes, al ICO no le resulta legalmente posible su divulgación".

La Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, a través de su abogado, ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya que considera que la denegación de la información "vulnera de manera flagrante el derecho de acceso a la información establecido en la Ley de Transparencia".

El programa Préstamos Renta Universidad se creó el 2007 por el Gobierno socialista para financiar mediante préstamos públicos los estudios de máster y doctorado. A partir de la segunda convocatoria, el Gobierno eliminó el umbral de devolución de 22.000 euros anuales y continuó ofreciendo estos instrumentos bajo denominación de "préstamo renta". A raíz de este cambio sustancial, miles de personas que hoy se encuentran en paro o con trabajos precarios no pueden hacer frente al pago de las cuotas. Las entidades financieras colaboradoras están cobrando a las personas afectadas comisiones e intereses de demora a pesar de que los préstamos fueron concedidos con dinero público, e incluso un Juzgado ha acordado embargar los escasos ahorros de una joven tras la demanda de una entidad financiera.

En la actualidad, se está tramitando en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley presentada por Unidos Podemos. Esta propuesta solucionaría la difícil situación de miles de jóvenes que suscribieron préstamos universitarios para realizar sus estudios de posgrados, ya que las personas afectadas sólo tendrían que reembolsar los préstamos si superan el umbral de renta previsto en la primera convocatoria.

Los contratos solicitados por la Asociación de Afectados regulan las condiciones y beneficios que obtienen las entidades financieras por colaborar en el programa de préstamos universitarios. Los préstamos fueron concedidos con fondos públicos, por lo que las entidades financieras no han asumido ningún riesgo. Los bancos ofrecían su red de oficinas para formalizar las operaciones a cambio de captar miles de clientes.

De acuerdo con Miguel Ángel Llamas, abogado y portavoz de la Asociación de Afectados, "la denegación de la información supone una irregularidad más que se une a la larga lista de tropelías cometidas por las entidades financieras y el propio Gobierno. No parece muy coherente que el ministro Pedro Duque se comprometa públicamente a solucionar el problema y que, a día de hoy, no haya dado ningún paso salvo el de declarar secretos comerciales unos contratos públicos que afectan a miles de personas".